Media docena de eurodiputados denuncian la existencia de presos políticos y piden la liberación de los dirigentes independentistas
. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que explicar este miércoles ante el Parlamento Europeo que los presos del ‘procés’ están en prisión por haber quebrado la Constitución y no por sus ideas políticas.
Invitado a hablar ante el Pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo, Sánchez ha tenido que escuchar media docena de intervenciones de eurodiputados denunciando la existencia de «presos políticos» en España y pidiendo la liberación de los dirigentes independentistas catalanes encarcelados.
Entre ellas, la del eurodiputado del PDeCat Ramón Tremosa, que ha acusado a España de estar «más cerca de Turquía que del Reino Unido» y que ha sostenido que en Cataluña hay una «mayoría creciente a favor de un referéndum que no es delito en el Código Penal español».
Similares intervenciones a la de Tremosa hicieron algunos representantes de la izquierda y aliados de los independentistas catalanes. La copresidenta de Los Verdes, Ska Keller, se permitió advertir a Sánchez de que sólo «una solución política» que incluya una «solución para los presos» resolverá el conflicto actual en Cataluña, al tiempo que pidió a Sánchez «abrir un diálogo sincero de buena voluntad» con el independentismo.
Su compañero de grupo, el francés José Bové, que visitó en noviembre pasado a algunos presos del ‘procés’ en la cárcel, ha señalado que el diálogo sólo será posible con los encarcelados fuera de prisión y ha tildado de «lamentable» que en España haya personas encarceladas «por sus ideas políticas».
Otras intervenciones en el mismo sentido acusaban a las instituciones europeas de ponerse de perfil en la crisis en Cataluña e instaban a iniciar una campaña en favor de la liberación de los presos políticos, cuyos rostros aparecían en carteles de fondo amarillo que algunos eurodiputados han lucido en sus escaños, como ha sido el caso de la del PNV Izaskun Bilbao.
Sánchez se ha limitado a insistir en su tesis de que el problema en Cataluña «no es la independencia, es la convivencia». En respuesta a la copresidenta de Los Verdes, ha afirmado que lo que deben hacer los independentistas es «reconocer que no tienen la mayoría social en Cataluña» y por tanto no pueden imponer su proyecto.
A su modo de ver, el independentismo tiene que «reconocer a la parte que es mayoritaria» y abrir con ella «un diálogo sincero» para «salir de este bucle en el que lleva 10 años».
Así, ha dicho que «Cataluña tiene que hablar con Cataluña» y el Gobierno de España debe facilitar ese diálogo entre las «dos dimensiones». Eso sí, ha asegurado que su Gobierno tiene la «voluntad firme» de resolver el problema «mediante el diálogo, pero dentro del respeto a la Constitución y al Estatut».
EN BAVIERA O VÉNETO SE ACATAN LAS SENTENCIAS
Además, Sánchez ha dicho a los diputados europeos que, si bien existen movimientos independentistas en otras partes de Europa, la diferencia entre lo sucedido en el Véneto italiano, en Baviera con lo ocurrido en España es que allí las fuerzas independentistas han acatado los pronunciamientos de los respectivos Tribunales Supremos o Constitucionales.
«En España no ha ocurrido, pese a las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, han quebrado unilateralmente el Estatuto, la Constitución regional y la española, por lo tanto el problema es que las fuerzas independentistas no han acatado el mandato constitucional», ha resumido.
Eso sí, Sánchez también ha reconocido que ese Estatut no es el que fue votado por la sociedad catalana y que su Gobierno es consciente de ese es un problema que hay que resolver.
Y también ha cargado contra el PP, al que ha acusado de utilizar a Cataluña como «ariete» para hacer oposoción al Gobierno con el «agravio territorial», mientras que cuando está en el Gobierno reclama lealtad al PSOE. Para Sánchez, que ha asegurado que el PSOE siempre será leal «con el Estado», este es uno de los ámbitos donde la ultraderecha está marcando la agenda a la derecha moderada.
En una rueda de prensa posterior, el presidente ha querido dejar claro que al Gobierno español no le compete dictar «sentencia» con respecto al ‘procés’ porque eso le corresponde al poder judicial de una «democracia plena» como es la española, lo que asegura que los derechos de defensa de los encausados serán respetados.
Tal y como defendió ante el pleno, Sánchez ha explicado que en España es «legítimo» defender la segregación de una parte del territorio, pero no lo es «quebrar» la legalidad de manera unilateral para conseguir este objetivo.