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El permiso por paternidad de ocho semanas, en el aire tras tumbarse los presupuestos

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La ampliación de el permiso de paternidad de las cinco semanas actuales para pasar a ser de ocho semanas en 2019 se queda varada después de que el Pleno del Congreso haya devuelto al Gobierno el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 al prosperar las enmiendas de totalidad presentadas por distintos grupos parlamentarios.

El Gobierno contemplaba en el proyecto de ley gastar 302 millones más para poder financiar la ampliación del permiso de paternidad. El Ejecutivo no incluyó esta medida en el Real Decreto Ley de subida de pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, con lo cual, decae al haberse tumbado los presupuestos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El gasto en prestaciones por paternidad experimentó en 2018 un incremento anual del 12,2% tras la entrada en vigor el pasado mes de julio de la ampliación del permiso de cuatro a cinco semanas. Según datos del Ministerio, el número de prestaciones por paternidad gestionadas en 2018 por la Seguridad Social ascendió a 255.531, un 3,4% menos que en 2017, con un coste superior a los 448 millones de euros (+12,2%).

Al rechazarse el proyecto de presupuestos en el Congreso, también decaen las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales –que el Gobierno del PP eliminó–, una medida que estaba dotada con una partida de 315 millones de euros y que pretendía beneficiar a 180.000 personas.

En cualquier caso, el rechazo del Congreso al proyecto de ley no implica que tanto la extensión del permiso de paternidad como las cotizaciones de los cuidadores no profesionales no puedan llevarse a cabo a través de otras vías.

PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, SIN FINANCIACIÓN

En el proyecto de ley de presupuestos que ha sido rechazado por el Congreso este miércoles, se destinaban 220 millones de euros para la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género rubricado por el Parlamento en 2017.

En cumplimiento con el Pacto de Estado, se destinaban recursos presupuestarios a Justicia para, entre otras cosas, incorporar la perspectiva de género a toda la acción de la Administración de Justicia, integrando transversalmente el principio de igualdad y formando a los operadores jurídicos en esta materia.

También para financiar la creación de nuevas unidades judiciales y la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal, las nuevas Unidades Forenses de Valoración Integral y plazas en Nuevas plazas para la Administración de Justicia, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y la puesta en marcha de las nuevas oficinas judicial y fiscal.

El texto también establecía el aumento de la prestación por hijo a cargo para las familias en pobreza severa hasta los 588 euros, para sacar de dicha situación a cerca de 82.000 menores. En concreto, el Gobierno quería incrementar la prestación por hijo a cargo sin discapacidad desde los 291 euros hasta los 341 euros en el caso de familias en situación de pobreza –aquellas cuya renta es inferior al 50 por ciento de la renta considerada como umbral de la pobreza–; y hasta los 588 euros para las familias en situación de pobreza severa –cuando la renta anual es inferior al 25 por ciento del umbral de la pobreza–.

Asimismo, las cuantías de las prestaciones por hijo a cargo mayor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por ciento se incrementaban en un tres por ciento con respecto a 2018. La partida de protección familiar aumentaba de 1.596 a 1.862 millones de euros, lo que suponía un aumento de 266 millones, un 16,6 por ciento más.

Por otro lado, se incrementaba la partida destinada a ‘Protección a la familia, pobreza infantil y prestación de servicios sociales’, desde los 100 a los 125 millones de euros, con un incremento de 25 millones.

Por otro lado, en el proyecto de ley el Gobierno introdujo una nueva deducción en el Impuesto sobre Sociedades vinculada a la incorporación de mujeres en los consejos de administración de las empresas, aunque no ofrecía más detalles acerca de cómo se desarrollará esta nueva deducción.

La intención del Gobierno es que las empresas puedan deducirse el 10% del salario de las mujeres directivas que incorporen a sus consejos de administración y, para ello, es necesario redactar un nuevo artículo en la Ley del Impuesto de Sociedades en el que se incluirá esta deducción destinada a todas aquellas “entidades que incrementen el número de mujeres” en sus consejos de administración.

Por otra parte, el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 incorporaba una dotación de 412 millones de euros para acciones en favor de los inmigrantes, lo que suponía un incremento de 94 millones respecto a 2018. El aumento presupuestario buscaba potenciar el sistema de Protección Internacional y la atención de los migrantes que lleguen a las costas españolas, entre otros.

Además, recogía por primera vez una consignación específica para la atención de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que ascendía a 30 millones de euros.