La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, finalmente no llevará el plan de parados de larga duración al Consejo de Ministros de este viernes, tras decidir posponerlo al de la próxima semana, según han informado fuentes de Trabajo a Europa Press.
Este plan pretende reservar entre un 5% y un 10% de los puestos de trabajo en las contratas públicas a parados de larga duración (más de un año en el desempleo), según consta en el borrador del Plan Reincorpora-T.
El texto plantea que se alcancen acuerdos con los gobiernos y las administraciones públicas a todos los niveles para incluir cláusulas de carácter social en los contratos del sector público que garanticen la contratación de esta horquilla de desempleados parados de larga duración de más de 45 años en los proyectos e iniciativas que lleven a cabo.
El plan tiene por objetivo reducir durante tres años (2019, 2020 y 2021) la tasa de paro de larga duración sobre la población activa en 2,2 puntos porcentuales, pasando del 5,8% registrado en el cuarto trimestre de 2018 al 3,6% en el mismo trimestre de 2021.
El texto del Real Decreto apunta que para lograrlo se fijaría como objetivo cuantitativo que el paro de larga duración se redujera en 850.000 personas a finales de 2021, con una población activa de 23,5 millones de personas. Esto supondría una reducción en términos netos de los parados de larga duración de 481.200 personas con un crecimiento de la población activa de 631.200 personas.
Así, para alcanzar este objetivo se deberá rebajar la cifra de parados de larga duración en una media de 150.000 personas al año, por cada uno de los tres años de vigencia del Plan Reincorpora-T. Para alcanzar estas cifras, se deberán atender al menos a 200.000 parados de larga duración al año y conseguir que hayan tenido al menos una ocupación, por cuenta ajena o por cuenta propia durante el periodo de vigencia del plan.
El real decreto también aboga por poner los medios necesarios para que al menos un 10% de los parados de larga duración mejoren su empleabilidad en competencias digitales y para que por lo menos un 15% eleven sus competencias básicas.
Respecto al refuerzo de la protección económica frente al desempleo de los parados de larga duración, el Gobierno considera que el subsidio para mayores de 52 años va en «buena dirección» y afectará a cerca de 115.000 desempleados.
Para prevenir que las personas no caigan en el paro de larga duración, el texto apunta que hay que atender de forma «inmediata» a las personas afectadas por despidos colectivos como resultado de los procesos de reestructuración de las empresas.
«Se trataría de que todos los trabajadores desvinculados definitivamente de su empresa, de manera voluntaria o forzosa, como consecuencia de un expediente de regulación de empleo (ERE) sean asistidos inmediatamente en la búsqueda de una nueva ocupación mediante un Plan de Recolocación Externa (PREX) llevado a cabo por una empresa de recolocación autorizada», según apunta el borrador.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, indicó el lunes que en los próximos días el Gobierno podría aprobar este plan, denominado ‘Reincorpora-T’, dirigido especialmente a los mayores de 30 años que «tienen problemas de inserción o de reinserción en el mercado de trabajo», con bonificaciones para su contratación y «un plus de apoyo en el caso de que sean mujeres».
Valerio dejó claro que uno de los objetivos principales del Ejecutivo es apoyar de una manera «muy personalizada» con itinerarios de inserción para parados de larga duración, «tengan la edad que tengan». En esta línea, señaló que, como ya hay un plan de empleo joven, la acción del Gobierno hará especial hincapié en las personas mayores de 30 años que tengan problemas de reinserción en el mercado de trabajo.
El plan contiene medidas ya aprobadas, como las bonificaciones a la contratación de parados de larga duración o la modificación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, y otras dirigidas a potenciar la formación y orientación de los desempleados de larga duración.
SINDICATOS: «ES UN BRINDIS AL SOL»
Fuentes de CC.OO. indicaron a Europa Press que el plan es un «brindis al sol», pues recoge medidas que no son de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas. «Son acciones que pueden hacer o no las comunidades», lamentaron.
CC.OO. subrayó que los sindicatos querían que la cartera común de servicios fuera de obligado cumplimiento, porque ello supondría que en todas las oficinas públicas de empleo se tratara a los desempleados por igual, con los mismos servicios.
Asimismo, el sindicato señaló que medidas como la reserva de puestos de trabajo en las contratas públicas, aunque van en la buena dirección, requerirían de modificaciones legales.