El decreto ley con diferentes medidas en el ámbito laboral, entre ellas la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, supone un impacto presupuestario total de unos 1.611,44 millones de euros.
Así se desprende de la memoria económica del decreto, a la que ha tenido acceso Europa Press, que acompaña la aprobación de esta nueva norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 8 de marzo.
Del total cuantificado, el subsidio por desempleo se ‘come’ 1.263 millones de euros, pues con él se prevén 114.000 nuevos beneficiarios y los 265.465 que ya se benefician de este subsidio ven mejorada su base de cotización (12.000 de ellos por la parcialidad). En un ‘año tipo’, las medidas aprobadas para todos estos beneficiarios supondrían 1.340 millones de gasto, si bien al entrar en vigor la medida en marzo este coste se reduce en 77 millones.
El Gobierno distribuye el impacto presupuestario en 1.010 millones de euros para el abono del subsidio durante 12 meses a 114.000 personas beneficiarias –600 millones por cuantía y 410 millones por cuotas de Seguridad Social– y 330 millones de la cotización de los actuales beneficiarios durante 12 meses, hasta un coste total de 1.340 millones.
Sin embargo, el Gobierno destaca que no todos los 114.000 nuevos beneficiarios previstos se incorporarán en el primer año de la vigencia de la medida, sino que lo harán principalmente entre 2019 y 2020, años que concentrarán el 80% del coste previsto.
Así, el coste previsto para pagar a los beneficiarios que se incorporan el primer año de vigencia será de 465 millones, de 605 millones para los que se incorporan en 2020, de 203 millones para los de 2021 y de 67 millones para los de 2022. En todo caso, rebaja a 388 millones el coste imputable a 2019, ya que la medida entra en vigor el mes de marzo.
REMANENTE DE TESORERÍA EN CASO DE SER NECESARIO
Durante la presentación del decreto, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, señaló que el aumento de los ingresos por cotizaciones de 3.300 millones de euros permite «margen de maniobra» para cuadrar estas medidas con los Presupuestos de 2018 prorrogados.
Pese a ello, el Gobierno señala en la memoria económica del decreto que, en caso de ser necesario, se recurrirá al remanente de tesorería no afectado de la Seguridad Social, de 11.395 millones de euros a 31 de diciembre de 2017, con el fin de garantizar que es posible hacer frente al aumento del gasto.
A este remanente de tesorería se refiere el Ejecutivo a la hora de cubrir otras de las medidas contempladas, como las bonificaciones a las conversiones de contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en indefinidos (12,78 millones) o a la contratación a desempleados de larga duración (25,6 millones). Para ambas medidas, en todo caso, ya existe un remanente de 38,5 millones en las cuentas prorrogadas, por lo que en un principio no sería necesario aumentar el gasto consignado.
Una situación similar se da en el caso de las bonificaciones para prolongar la actividad de trabajadores con contratos fijos discontinuos en el sector turístico, para la cual las cuentas consignan 22 millones y su previsión por esta bonificación el pasado año se quedaba en 15 millones.
AUMENTO DE TRANSFERENCIAS Y REORDENACIÓN DE GASTOS
Por otro lado, la reducción en las cuotas de los trabajadores del campo para compensar la subida del 22% del salario mínimo cuando el número de jornadas trabajadas sea mínimo se computa con un coste de 42,21 millones de euros, que se repercutirán en una reducción de los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social.
Por último, el Ejecutivo prevé la financiación de otras tres medidas a través de un aumento en las transferencias que deberá hacer frente el Estado a la Seguridad Social y a una reordenación de los recursos presupuestados en el Ministerio de Trabajo.
Es el caso este último de la dotación de 70 millones de euros para el fondo estatal para la integración de los inmigrantes. De las partidas a las que se recurre se encuentran 25 millones de euros previstos en ayudas para la adaptación al nuevo régimen de la estiba.
Respecto al aumento de las transferencias, estas tendrán que elevarse en 182,83 millones de euros, al cuantificarse en 157,56 millones la mejora de la prestación por hijo o menor a cargo para familias que no superen determinadas rentas y en 25,27 millones de euros la mejora de la prestación por incapacidad permanente.