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viernes, 29 marzo 2024
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Cs propone un Plan de choque para desatascar el Tribunal Administrativo de reclamaciones tributarias por 20.000 millones

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Llevará en el programa electoral una Ley de Derechos y Garantías para los Contribuyentes, que mejore el trato que reciben de Hacienda.

El programa electoral con el que Ciudadanos concurrirá a las elecciones generales del próximo 28 de abril incluye un Plan de choque para desatascar los Tribunales Económico Administrativos de reclamaciones tributarias que suman, según la estimación del partido naranja, alrededor de 20.000 millones de euros.

Así lo ha explicado a Europa Press el portavoz de Hacienda de la citada formación, Francisco de la Torre, quien añade que, junto con esa medida y de manera complementaria propondrán aprobar una Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyente, con el objetivo de que reciban un mejor trato por parte de la Administración Tributaria y también, de que se generen menos reclamaciones que aligeren el trabajo del citado Tribunal.

Este ‘plan de choque’ que propone Ciudadanos tiene como fin que estos 20.000 millones de euros que están atascados en los TEA se incorporen, como mínimo a un ritmo de 5.000 al año a la disponibilidad de fondos de la Administración.

«No tiene sentido que haya partidos que propongan subidas de impuestos mientras hay tal cantidad de dinero atascada en los tribunales y que podría revertir en la Hacienda pública», expone De la Torre, quien además recuerda el coste que suponen estos pleitos para la Administración es muy elevado.

PODER CONTAR CON ESOS FONDOS EN LUGAR DE SUBIR IMPUESTOS

En este sentido, explica que si el pleito lo gana Hacienda solo puede cobrar los intereses de un año, pero si lo gana el contribuyente, debe pagar los intereses de las garantías que haya prestado éste por todos los años en los que haya estado vivo el pleito. «Y los intereses de mora tributaria son más altos que el interés del dinero», exclama.

Y, según explica el portavoz de Hacienda de Ciudadanos, hay cerca de 200.000 casos en el Tribunal y muchos se resuelven «al borde de la prescripción, a los cuatro años». A veces, añade, una reclamación por una deuda de 1.000 euros llega a tardar hasta 7 años si hay que recurrir a dos instancias.

«Como decía Séneca, lo que más se parece en este mundo a la injusticia es la justicia tardía», exclama el dirigente de la formación naranja, quien considera que «el agujero» que provoca este atasco en los Tribunales Económico Administrativos «es doble» ya que afecta tanto a «los intereses financieros del Estado» como a «los derechos del contribuyente».

LOS NOVATOS CORRIGIENDO A LOS VETERANOS

También critica la decisión adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez para resolver este problema, ya que, según explica, el Gobierno ha decidido destinar la mitad de la última promoción de inspectores y técnicos de Hacienda al Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC). Es decir, que ha enviado a «los inspectores novatos a revisar el trabajo de los veteranos».

«Eso no ocurre en ninguna parte, a nadie se le ocurriría enviar a los recién salidos de la Escuela Judicial al Tribunal Supremo», exclama y argumenta que el TEAC fija «doctrina vinculante para toda la Administración Tributaria», es decir, que los «novatos» están contribuyendo a fijar esa doctrina.

Por ello, el dirigente naranja explica que en ese Plan de Choque que llevarán en el programa electoral se prevé destinar «más personal y más informatización» a estos tribunales, para que se pueda acceder a distancia a los expedientes.

Ciudadanos también pretende que lleguen menos expedientes a los TEA y creen que con la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, que también van a incluir en el programa electoral, se podría lograr rebajar esa litigiosidad.

Según Francisco de la Torre, «si las cosas se hacen mejor» con los contribuyentes y éstos tienen más claro por qué están liquidando, eso «implicará un menor número de reclamaciones».

Además, considera que también la Agencia Tributaria debería centrarse en los expedientes más relevantes y pone como ejemplo que, si el Gobierno hace una campaña masiva de comprobación de declaraciones de la renta para todos los padres que tienen a sus hijos en la escuela concertada, se van a colapsar todos los tribunales económico administrativos por las reclamaciones que, precisa, son de menor cuantía.

MEJOR TRATO DE HACIENDA AL CONTRIBUYENTE

En este sentido, cree que esta Ley de Derechos y garantías de los contribuyentes contribuirá a dar un mejor trato a los españoles que cumplen con sus obligaciones fiscales «después de décadas de que sólo se habla de lucha contra el fraude».

Así, De la Torre, que es inspector de Hacienda, explica que «a todo el mundo le ha llegado carta de la Agencia Tributaria que no se entiende nada» y añade que, aunque «todos españoles obligación pagar», no deben pagar «más de lo que les corresponde». «Tienen que tener sus medios de defensa y no siempre ocurre» y además, «tiene que ser claro cuando un señor recibe una liquidación», añade.

Para ello, Ciudadanos propone potenciar el Consejo de Defensa del Contribuyente y mejorar la gestión tributaria. «Si primero no entiendes el escrito que te envía Hacienda y después no te recibe el que lo ha firmado, tienes un problema», exclama.

En opinión de De la Torre, los ciudadanos honestos que tienen una disputa con Hacienda deben tener garantizados sus derechos aunque no sean expertos fiscales.

En este sentido, critica también la medida del Gobierno de que todas las declaraciones de la renta tienen que ser presentadas ahora por vía telemática y ya no se permitirá papel. Recuerda que hay 350.000 españoles que el año pasado hicieron la declaración y entregaron una copia en papel en un banco o en una administración porque no tienen acceso a internet. Se refiere sobre todo a los ancianos y a las personas que viven en la España vacía.

Recuerda que relacionarse con las administraciones vía internet es «un derecho, no una obligación». Sin embargo, pone de manifiesto el contrasentido de que si un ciudadano quiere consultar un expediente del Tribunal Administrativo tiene que desplazarse para verlo en papel, ya que no lo envían por internet. «No puede ser que esas obligaciones recaigan solo en los contribuyentes», concluye.

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