Los grupos parlamentarios del PP y del PSOE acordaron impulsar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2016, el año en el que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una iniciativa sobre esta materia propuesta de forma conjunta por ambas formaciones. Sin bien, dos años antes, los ‘populares’ tumbaron una propuesta presentada por los socialistas para ese mismo fin.
Durante los debates electorales con motivo de los comicios generales del 28 de abril, los líderes del PP y del PSOE, Pablo Casado y Pedro Sánchez, respectivamente, se atribuyeron el impulso del Pacto de Estado contra la Violencia Machista, que fue rubricado por el Parlamento en diciembre de 2017, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno.
«El PP siempre ha estado en contra de la violencia de género y por eso hemos sido los impulsores del Pacto Nacional de Estado contra la violencia de género y que sacamos adelante en la última legislatura que gobernamos», señaló Casado durante una de sus intervenciones en el debate de RTVE. «Pero ¿quién impulsó el Pacto de Estado? El PP», reprochó Casado a Pedro Sánchez durante el que se celebró en ‘Atresmedia’.
En el año 2014, el PSOE presentó una proposición no de ley para instar al Gobierno a promover un pacto de Estado contra la violencia de género «con el fin de promover la aplicación efectiva» de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género del año 2004. Entre otras medidas, reclamaba al Ejecutivo «reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias dotadas para este fin».
Finalmente, la iniciativa se votó en abril de 2014 en los términos de una enmienda transaccional –pactada por PSOE, el grupo parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la Izquierda Plural y UPyD– a la que el PP no se sumó. Así, los ‘populares’, que en aquel momento tenían mayoría absoluta en la Cámara Baja, rechazaron la proposición no de ley. También en el año 2015 el PP en el Senado tumbó una moción del PSOE en la que instaba al Ejecutivo a promover un Pacto de Estado contra la violencia de género y por la igualdad entre hombres y mujeres.
EN 2016 PP Y PSOE ACORDARON IMPULSARLO
Dos años más tarde, en julio de 2016, el PSOE presentó ante el Congreso otra proposición no de ley para promover «un Pacto Social, Político e Institucional que recupere el espíritu de consenso» de la ley contra la violencia de género. Meses más tarde, el PP hizo lo mismo, aunque la proposición no de Ley promovida por los ‘populares’ era para «mejorar y actualizar» dicha ley del 2004.
En este escenario, finalmente ambos grupos parlamentarios acordaron una enmienda transaccional conjunta en la que, en aras de alcanzar un Pacto de Estado sobre esta materia, se creaba una subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad donde empezar a articularlo. El texto consensuado por PP y PSOE fue respaldado por todos los grupos en noviembre de 2016 y supuso el primer paso hacia un Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Un año después, en septiembre de 2017, el Pleno del Congreso aprobó el Pacto de Estado al ratificar el informe con las propuestas de actuación y los recursos financieros adecuados para atajar este tipo de violencia, si bien no contó con el apoyo unánime de todos los grupos, ya que Unidos Podemos se abstuvo y presentó una enmienda «crítica» a la totalidad. Dicho informe fue aprobado previamente por la Comisión de Igualdad y elaborado tras las comparecencias de más de 60 expertos.
Ya en diciembre, los distintos grupos parlamentarios, las comunidades autónomas y las entidades locales representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ratificaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contemplaba 213 medidas, así como el incremento de la dotación económica de 1.000 millones de euros durante los próximos cinco años, 200 anuales.
REFORMA DE LOS DELITOS SEXUALES
Por otro lado, durante los debates electorales, los líderes de los partidos expresaron sus opiniones acerca de la necesidad de reformar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal para introducir el consentimiento expreso en las relaciones sexuales.
Casado, preguntado si para él un silencio es un sí, afirmó: «No, ni para mí ni para el Código Penal. El consentimiento tiene que ser implícito y figura desde 1822». El PP, al contrario que el PSOE y Unidas Podemos, no incluye en su programa electoral la modificación del Código Penal para que «solo» un ‘sí sea sí’.
El debate acerca del consentimiento expreso surgió tras la polémica sentencia de La Manada, en la que cinco jóvenes fueron condenados por un delito de abuso sexual y absueltos del de agresión. La Audiencia de Navarra no apreció ni violencia ni intimidación en los hechos que tuvieron lugar en los Sanfermines de 2016, cuando una joven madrileña de 18 años denuncio haber sufrido una violación múltiple.
Fue a raíz de esta polémica resolución judicial cuando el entonces ministro de Justicia del Gobierno del PP Rafael Catalá encomendó a la sección de derecho penal de la Comisión General de Codificación la revisión de los delitos de abuso y agresión sexual en el Código Penal. Si bien, este trabajo continuó tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa.
Los expertos de dicha sección elaboraron una propuesta de reforma que suprimía el «abuso», con el objetivo de que todos los delitos sexuales sean considerados «agresión». El Gobierno tiene encima de la mesa esas conclusiones desde el mes de diciembre, y, de hecho, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se comprometió a llevar en febrero al Consejo de Ministros esta reforma legislativa, pero finalmente el Ejecutivo socialista no lo ha aprobado y con la convocatoria electoral se ha quedado en el aire.