La Mesa del Congreso va a pedir un informe a los servicios jurídicos de la Cámara sobre la posible suspensión de los cuatro diputados que están en prisión preventiva por el referñendum ilegal del 1 de octubre de 2017 (Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de Junts).
El PP, Ciudadanos y Vox habían pedido a la Mesa la suspensión automática de los cuatro diputados independentistas argumentando que el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso establece la suspensión en funciones de aquellos parlamentarios en situación de prisión preventiva.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por su parte, consultó al Tribunal Supremo sobre otra posible vía de suspensión, la del artículo 38.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que ordena la suspensión del cargo público en caso de procesamiento por delito de rebelión y que fue la utilizada por el juez Pablo Llarena cuando los afectados eran diputados del Parlament. Sin embargo, el Alto Tribunal declinó pronunciarse e insistió en la opción del Reglamento.