El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite una queja presentada por Plena Inclusión España contra la instrucción de la Junta Electoral Central (JEC) que permite a interventores y apoderados apuntar los datos de los votantes que perciban que no ejercen el derecho de sufragio de manera consciente, libre y voluntaria.
Así lo ha dado a conocer este lunes 3 de junio Plena Inclusión, que considera que la instrucción «discrimina a las personas con discapacidad intelectual coincidiendo con la recuperación del derecho al voto de 100.000 ciudadanos y ciudadanas españolas a las que se les había incapacitado judicialmente».
Plena inclusión España ha destacado que en su escrito tanto al Defensor del Pueblo como a la propia JEC apelaba a la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre Derechos de las personas con Discapacidad de Naciones Unidas, para «exigir que se respetara el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo».
«Nos sorprende que la respuesta que nos ha hecho llegar la JEC a la queja que le trasladamos siga sin clarificar cuáles son los criterios objetivos que determinan que una persona ejerce un voto libre, consciente y voluntario», ha afirmado el director de Plena Inclusión, Enrique Galván.
La confederación agrupa a un total de 925 entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y que representa a un colectivo de más de 140.000 personas.
INCIDENTES INEXISTENTES
Según ha señalado la organización, el escrito de la JEC remitido a Plena Inclusión sostiene que la instrucción dictada va dirigida a evitar una interpretación extensiva del artículo 94 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) referido a incidentes que afecten al orden de los locales electorales.
Desde Plena Inclusión España se rechaza que «cualquier instrucción de este organismo vincule el voto de las personas con discapacidad con la producción de incidentes en los locales electorales». «En las dos recientes citas electorales (28 de abril y 26 de mayo) no se registró en todo el Estado ni un solo ‘incidente’ ligado a personas con discapacidad intelectual que estuvieran ejerciendo su derecho al voto», ha zanjado.