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jueves, 28 marzo 2024
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El Defensor del Pueblo pide suspender la patria potestad y el régimen de visitas a presuntos maltratadores

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El Defensor del Pueblo ha defendido que es «imprescindible» abordar una modificación normativa «que propicie la suspensión temporal de la patria potestad» para los padres acusados de violencia de género con medidas cautelares en el ámbito penal u orden de protección, volviendo a insistir en que «un maltratador nunca puede ser un buen padre».

En el Informe Anual 2018, presentado este martes, la institución sostiene que «es urgente mejorar la seguridad de los menores» también cuando los juzgados y tribunales acuerden régimen de visitas entre el presunto agresor y sus hijos e hijas. Para proteger a los menores, ha pedido que cuando se dicte una orden de alejamiento a un hombre, respecto de una mujer, se suspenda también el régimen de visitas de los hijos e hijas.

Según ha argumentado el Defensor del Pueblo, «siempre ha de tenerse en cuenta el interés superior del menor» por eso «debe garantizarse el derecho del niño o niña víctima de violencia de género a ser escuchado de forma activa en las decisiones que les afecten en todos los ámbitos, especialmente, en el judicial».

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha expresad su apoyo a las víctimas de este tipo de violencia y a sus hijas e hijos. Así, ha reclamado más implicación de las administraciones para acabar esta «lacra» y ha recordado que la Institución está realizando un seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, rubricado en 2017.

«La necesidad de una mejora en la coordinación entre las distintas administraciones con competencias en la materia, sigue siendo un año más objeto de preocupación de esta institución», se señala en el documento difundido este martes.

Asimismo, ha emplazado a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a adoptar nuevas medidas para promover y coordinar a las administraciones públicas implicadas en la lucha contra la violencia machista. Para el Defensor del Pueblo, se debería valorar la posibilidad de impartir instrucciones para que los Puntos de Encuentro Familiar comuniquen a las unidades contra la violencia sobre la mujer, a los juzgados y a la Fiscalía cualquier riesgo que detecten que pueda afectar a mujeres, a niñas y a niños.

En el Informe Anual, el Defensor también ha denunciado que, aunque la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género contemplaba la creación de unidades de valoración forense integral en todo el territorio, todavía hoy no existen en todas las provincias. En este sentido, ha urgido a su implantación total para atender a todos los juzgados.

FALLOS EN LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Asimismo, esta institución considera necesario evaluar algunos aspectos para poder proponer posibilidades de mejora en esta necesaria protección de las víctimas más vulnerables de la violencia de género, como los menores.

En este sentido, ha afirmado que «lamentablemente» a lo largo de 2018 hemos tenido que iniciar actuaciones en una serie de casos para «denunciar los fallos que tiene el sistema de protección de víctimas de violencia machista»

En este punto, ha recordado que el pasado mes de septiembre de 2018 la institución inició una actuación de oficio por el asesinato de dos niñas en Castellón, presuntamente cometido por su padre, que posteriormente se suicidó, una investigación que sigue abierta, según ha apuntado.

Por otro lado, en el informe se menciona la falta de funcionamiento de los servicios forenses adscritos a los juzgados de violencia sobre la mujer en el Partido Judicial de Madrid, así como las dificultades para acceder a un servicio de guardia en los casos de violencia de género fuera del horario laboral, establecido de 8 a 21 horas de lunes a viernes.

Respecto a la propuesta económica de las guardias de equipos psicosociales en los juzgados de violencia sobre la mujer en Madrid, el Defensor del Pueblo Precisa que en 2018 «sigue sin llegarse a un acuerdo sobre la propuesta económica de las guardias de los equipos psicosociales».

El Defensor Por también ve «necesario» seguir implementando nuevas medidas de conciliación para que mujeres y hombres tengan igualdad de condiciones en el ámbito laboral y en el familiar.

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