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El PP insiste en liberar la financiación autonómica y ve «una anomalía inaceptable» congelar los fondos

El PP ha registrado en el Congreso una nueva tanda de iniciativas insistiendo en la necesidad de desbloquear la financiación de las autonomías, pues considera que «no existen argumentos solventes» que justifiquen el «impago» y sostiene que la falta de libramiento de los fondos resulta una «anomalía inaceptable del sistema» que perturbaría la acción ordinaria de las comunidades.

A falta de conocer formalmente el informe emitido por la Abogacía General del Estado, invocado por la ministra de Hacienda para negar la posibilidad del Gobierno en funciones de proceder a la actualización de dichas entregas a cuenta, el PP considera que el Ejecutivo está inmerso en una «maniobra política con una base argumental insolvente».

En ese contexto, el Grupo Popular ha registrado varias preguntas parlamentarias y nuevas solicitudes de informes al Gobierno pidiendo explicaciones detalladas sobre los criterios del informe de la Abogacía General del Estado que esgrime la ministra de Hacienda cuando afirma que, por estar en funciones, el Ejecutivo de Sánchez no puede actualizar las entregas a cuenta de régimen común para 2019, y pagar ya a las Comunidades Autónomas las cantidades que les adeuda.

NO SE CREEN LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO EN FUNCIONES

Las iniciativas, firmadas por los portavoces adjuntos de Economía, Mario Garcés, y Constitucional, Carlos Rojas, parten de la base de que la «actualización es un procedimiento de ajuste de recursos objetivo, no discrecional y legalmente establecido con anterioridad» y que «la falta de libramiento de estos fondos de financiación a las distintas regiones constituirá una anomalía inaceptable del sistema que sí perturbaría el despacho ordinario de asuntos de las CC.AA.».

En concreto, el Grupo Popular solicita «todos los informes emitidos por todas las unidades dependientes de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, desde que el Gobierno está en funciones en 2019, a petición de cualquier órgano o entidad de la Administración del Estado, que hayan tenido por objeto pedir opinión sobre si los actos, normas o cualesquiera actuaciones a desarrollar por los centros directivos podían llevarse a cabo en el marco de actuación de un Gobierno en funciones».

Por otro lado, ha preguntado por escrito al Gobierno si existe alguna instrucción, circular o doctrina interna acuñada por la Abogacía General del Estado, más allá de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para perfilar la opinión que se debe emitir en los casos de las iniciativas que puede desarrollar un Gobierno en funciones.

El grupo que capitanea Cayetana Álvarez de Toledo también interpela al Ejecutivo sobre si considera una práctica habitual que durante prácticamente ocho meses sólo se hayan despachado consultas verbales con la Abogacía, de ser cierta la afirmación de la ministra de Hacienda en contra de los pagos. Y, en caso de serlo, pide si podría indicar los días en que tuvieron lugar esas consultas verbales, quién las formuló y desde que unidad de ese centro directivo se respondieron.

A través de una nota de prensa recogida por Europa Press, el Grupo Popular reclama en definitiva que el Gobierno dé cuenta a los representantes de la soberanía nacional de los criterios objetivos por los que impide que las Comunidades Autónomas cuenten con los recursos que les corresponden para financiar servicios tan esenciales para el conjunto de los españoles como la sanidad o la educación. Y exige que esas explicaciones se den con urgencia.