El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no ha aclarado si acudirá al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para la vista oral de la causa por colocar lazos amarillos en edificios oficiales durante la campaña electoral, ya que coincidirá con el Debate de política general en el Parlament, y ha dicho que «quien tiene el problema aquí es el TSJC».
En su opinión, es «absurdo» que el TSJC ponga sobre él la «presión» de decidir si los días 25 y 26 acude a la Cámara o al juicio, cuando debería ser el tribunal quien decida «si respeta la separación de poderes» o si «menosprecia al Parlament».
«Si nos creemos la separación de poderes es evidente que marcar el juicio el día del debate más importante, el debate general sobre el estado de la nación, quien se tiene que plantear la conveniencia de que coincida es el TSJ», ha defendido en un desayuno informativo organizado por Europa Press.
Aunque ha dejado claro que él no va a pedir al tribunal, ni tampoco al Parlament, que cambien sus fechas –«no voy a pedir a nadie nada»– sí ha avanzado que su defensa presentará alegaciones no solo por este asunto sino que va a recusar a magistrados y a sostener que concluir el juicio y citar para la vista «de forma irregular» es motivo de nulidad, entre otras cuestiones.
En todo caso, también ha recordado que siempre ha sostenido que su obligación es «atender y ser fiel al mandato democrático y a la soberanía del pueblo de Cataluña que reside en el Parlament». «Si funciona la separación de poderes, todo el mundo sabrá lo que tiene que hacer», ha remachado.
¿QUÉ HARÁ SI ES INHABILITADO?
El juicio tiene su origen en una querella de la Fiscalía Superior de Cataluña por incumplir las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) por el uso de símbolos partidistas en instituciones públicas durante la campaña electoral. El fiscal pide una condena de inhabilitación de un año y ocho meses.
Sin embargo, tampoco Torra ha aclarado qué hará si el TSJC le impone esta pena y se ha limitado a decir que lo que a él le preocuparía es que «en este momento el presidente de la Generalitat no estuviera al frente de la defensa de los derechos civiles y políticos, incluido el derecho de autodeterminación».
Así, ha asegurado que intentará «estar a la altura de este momento», «más allá de multas, de inhabilitaciones o de cualquier otra amenaza personal, o de otro tipo, con que el Estado pretenda alterar el mandato democrático de los catalanes» en su figura.