El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha hecho un llamamiento para avanzar en la protección de los menores extranjeros que llegan a España de manera irregular acompañados de adultos. Según ha defendido, estos menores que acceden irregularmente a territorio español junto a adultos indocumentados sean considerados siempre en situación de riesgo.
Marugán ha reunido en la Institución a representantes de la Fiscalía General del Estado, de todas las Secretarías de Estado con competencia en la materia, de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y de tres entidades que reciben a estas mujeres acompañadas de menores.
Durante la jornada, el Defensor ha reiterado la necesidad de mejorar el registro de los datos relativos a la llegada de estos niños y niñas. Desde el 2013, tras aceptar una recomendación de la Institución, la Secretaría de Estado de Seguridad inscribe el resultado de las pruebas de ADN de estos niños y niñas que llegan acompañados de adultos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA).
Fernández Marugán valora positivamente esta práctica pero advierte que estos datos deberían compartirse con los cuerpos policiales de otros países para evitar la desaparición de estos niños y niñas. La Institución formuló una recomendación a la Dirección General de la Policía en 2015 en este sentido ya que, en su opinión, compartir estos datos con cuerpos policiales de otros países evitaría situaciones de riesgo y explotación cuando estos menores abandonan los centros de acogida con las adultas que los acompañan.
De igual modo, ha hecho hincapié en que la legislación de protección de la infancia señala que la situación de estos niños y niñas debe ser considerada de riesgo desde el primer momento. A su juicio, la indocumentación del menor, unida a la falta de acreditación del vínculo de filiación con la adulta que lo acompaña hace imprescindible que, como mínimo, hasta que se reciban los resultados de las pruebas de ADN, se considere al menor en situación de riesgo.
Para la institución, es «fundamental» encontrar la manera de activar un procedimiento ágil que permita que, una vez registrado el menor, de manera inmediata, se dé traslado a la Fiscalía y al Ayuntamiento de la localidad donde esté situado el centro de acogida humanitaria al que haya sido derivado.
En opinión de Fernández Marugán, esto no implica en todo caso la retirada del niño o la niña del adulto que le acompaña y su ingreso en un centro de protección ya que, si se constata que no se ha producido una situación de abandono, la actuación de los poderes públicos se limitará a garantizar los derechos que asisten al menor y a disminuir los factores de riesgo que le afecten.
MEJORAR DETECCIÓN DE TRATA DE SERES HUMANOS
Por último, el Defensor ha reflexionado sobre la importancia de mejorar el protocolo de detección de indicadores de trata de seres humanos para las mujeres que acompañan a estos menores. Así, ha apuntado que la principal carencia del sistema de identificación de víctimas de trata en España se centra en que el procedimiento tan solo se inicia cuando la víctima se auto identifica como tal.
En este sentido, considera que la falta de protección hace especialmente vulnerables a estas mujeres con hijos pequeños o en avanzado estado de gestación que no son derivadas a recursos específicos sino a centros de acogida humanitaria de donde suelen desaparecer a los pocos días. Para Fernández Marugán, «es imprescindible» revisar el periodo de restablecimiento y reflexión previsto en la legislación de extranjería.
Durante el encuentro también se ha analizado como ejemplo de buena práctica la experiencia que se ha puesto en marcha en la localidad cordobesa de Montilla donde, gracias a la colaboración de su ayuntamiento con distintas instituciones con competencia en esta materia, se ha abierto un centro de atención integral a mujeres migrantes madres y embarazadas llegadas en pateras a las costas andaluzas que gestiona la Fundación EMET Arcoiris dentro del proyecto ‘Ödos’.