El Gobierno pedirá al Tribunal Constitucional que notifique formalmente al presidente y a los miembros de la Mesa del Parlament catalán su deber de abstenerse de tramitar cualquier nueva iniciativa que ponga en cuestión elementos ya anulados previamente por el Alto Tribunal, han explicado este martes fuentes del Ejecutivo.
En una entrevista en la cadena Ser este martes, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, adelantaba que se iba a enviar un requerimiento a la Mesa del Parlament por profundizar en la «fractura» de la sociedad catalana con su decisión de permitir la votación la semana pasada de tres resoluciones que pedían la salida de la Guardia Civil, una respuesta institucional contra la sentencia del ‘procés’ y un acuerdo por la amnistía y la autodeterminación de Cataluña.
Esta notificación a la Mesa del Parlament, que supone una advertencia con respecto a que no pueden volver a proponer resoluciones que hayan sido suspendidas previamente por el Constitucional, la efectuará el Constitucional a instancias del Gobierno, que se dispone a plantear un incidente de ejecución de sentencia ante el tribunal con respecto a algunas de las resoluciones mencionadas anteriormente.
El incidente de ejecución de sentencia tiene como consecuencia, al igual que la impugnación, la suspensión del acuerdo del Parlament que haya sido recurrido. La diferencia entre una figura y otra, explican fuentes del Gobierno, es que en el incidente el Ejecutivo puede solicitar al tribunal que en la providencia de admisión requiera personalmente al presidente del Parlament y a los miembros de la Mesa su «deber de abstenerse de tramitar cualquier nueva iniciativa que ponga en cuestión la suspensión».
La existencia de este tipo de avisos y requerimientos no es baladí, teniendo en cuenta que constituyeron uno de los argumentos que empleó el Tribunal Constitucional para avalar la constitucionalidad de la aplicación del artículo 155 en Cataluña iniciado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017.
A la hora de recurrir resoluciones del Parlament que, a juicio del Gobierno, vulneran la Constitución se utiliza habitualmente la vía de la impugnación, tras solicitar dictamen, preceptivo pero no vinculante, al Consejo de Estado.
Sin embargo, cuando se considera que una resolución del Parlament no sólo es contraria a la Constitución sino que contradice un pronunciamiento previo del Constitucional se puede plantear un incidente de ejecución de sentencia.