El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos ha solicitado al Estado español información sobre una denuncia de la organización Plena Inclusión sobre la vulneración del derecho a un igual acceso a la justicia de una persona con discapacidad intelectual.
En una carta dirigida a esta entidad, con fecha del 14 de octubre, que recoge Europa Press, el Comité da al Gobierno español seis meses de plazo para que conteste sobre el caso denunciado.
Se trata de un hombre con una discapacidad intelectual del 73%, previamente reconocida, al que se juzgó por un delito cometido en 2013, por el que le condenó a 25 años de prisión, «sin que en ningún momento se le facilitaran ajustes de procedimiento necesarios para garantizar su derecho de defensa y a un juicio justo», señala Plena Inclusión en un comunicado.
Esta organización explica que ni la Policía al detenerle ni el juzgado al prestar declaración detectaron que el presunto acusado era una persona con discapacidad intelectual y que cuando lo acreditó ante el juzgado, «tampoco se tomó ninguna medida».
Asimismo, denuncia que, a preguntas del juez, este hombre afirmó en el juicio no entender alguna de las preguntas que se le formulaban, «pese a lo cual el magistrado reformuló las preguntas sin cambiar las palabras impidiendo su comprensión».
En su denuncia, Plena Inclusión, aportaba un informe realizado por el Grupo de Investigación de Psicología del Testimonio de la Universidad Complutense de Madrid, en el que se acredita fehacientemente que esta persona con discapacidad intelectual precisaba de la realización de flexibilizaciones en su procedimiento.
La decisión judicial condenatoria fue recurrida por esta entidad y ha recorriendo diversas instancias hasta llegar al Tribunal Constitucional, que no admitió el recurso por entender que no se cumplía el requisito de «especial trascendencia constitucional».
Por ello, Plena inclusión España se dirigió en abril ante el Comité de la ONU sobre los Derechos de las personas con discapacidad para solicitar amparo, ya que España ratificó hace una década la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está obligada a cumplir.