Magistrada de profesión, es una veterana curtida en mil batallas ministeriales, parlamentarias y de la política judicial.
Margarita Robles mantendrá la cartera de Defensa en el nuevo Gobierno con desafíos sobre la mesa como la consolidación de grandes programas de armamento vitales para los Ejércitos y la Armada, la renovación de la cúpula militar o la gestión de los 120.000 militares que forman las Fuerzas Armadas en asuntos como retribuciones, la salida a los 45 años, igualdad o conciliación.
El pasado lunes en la celebración de la Pascua Militar, Robles, estando aún en funciones, ya tuvo oportunidad de indicar ante el Rey y el presidente, Pedro Sánchez, cuáles serán sus prioridades al frente del Ministerio de Defensa durante esta legislatura.
En su discurso en el Palacio Real, señaló a los militares como el «principal baluarte» de las Fuerzas Armadas y mostró su compromiso para seguir desarrollando la «política social» del Departamento en asuntos como la conciliación y la igualdad.
También tendrá sobre la mesa algunas de las principales reivindicaciones de las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, como la subida de retribuciones para su equiparación con las fuerzas de seguridad o una solución a la salida obligatoria de las Fuerzas Armadas de los militares temporales de Tropa y Marinería al cumplir los 45 años.
A la vez, reconoció la «constante necesidad de modernización» con un «esfuerzo de inversión» en capacidades militares, así el sostenimiento del actual material y el funcionamiento ordinario de los Ejércitos y la Armada.
Para ello se marcó el propósito de conseguir una financiación «suficiente y estable», fruto del «necesario consenso entre todas las fuerzas políticas parlamentarias», para tener unas Fuerzas Armadas que sean política de Estado. «De la que nadie debe ni puede quedar excluida y que servirá para reforzar también nuestra industria nacional de Defensa», propuso.
Es precisamente en el ámbito industrial donde Robles encontrará algunos de los mayores desafíos para la gestión del Ministerio, ya que siguen pendientes grandes programas de armamento imprescindibles para los Ejércitos y la Armada, como los blindados 8×8 del Ejército de Tierra o la renovación de los cazas de combate del Ejército del Aire y la Armada.
Además, una de las principales medidas que se espera que tome será la renovación de la cúpula militar. La actual fue nombrada por la ministra del PP María Dolores de Cospedal y Robles la confirmó cuando llegó al Ministerio tras la moción de censura. Pero ahora deberá nombrar un nuevo Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), al que sigan los máximos responsables del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.
SECRETARIA DE ESTADO CON BELLOCH
Magistrada de profesión, Robles fue secretaria de Estado del Interior entre 1994 y 1996 y veterana curtida en mil batallas tanto en terrenos ministeriales y parlamentarios como en las difíciles aguas de la política judicial.
Trabajadora tenaz, feminista y de costumbres austeras –de las pocas vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que renunció a tener chófer, y a la que se podía ver entrar y salir de este órgano en su viejo utilitario–, en realidad nunca ha abandonado la política, mientras que su carácter independiente en extremo y su capacidad natural de liderazgo le hicieron merecedora tanto de leales simpatías como de fuertes enemistades en los diferentes destinos por los que ha ido pasando.
DE LA SANCIÓN POR EL ‘NO ES NO’ A LA PORTAVOCÍA
Robles fue uno de los 15 diputados socialistas que fueron sancionados por votar ‘no’ a la investidura de Mariano Rajoy, manteniéndose fiel a Pedro Sánchez, que terminó dimitiendo como líder del PSOE para luego ganar en las primarias a Susana Díaz y Patxi López. En esos meses, su defensa pública del ‘no es no’ provocó varios encontronazos en el Grupo Socialista con diputados afines la presidenta de la Junta de Andalucía, a los que tuvo que dirigir después tras ser nombrada portavoz en el Congreso con el regreso de Sánchez.
Hasta su llegada a la Cámara Baja en 2016, Robles pertenecía a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo en el Tribunal Supremo, plaza que poseía desde 2004, si bien una controvertida decisión del CGPJ, tras su última apuesta por la política, que ella no dudó en calificar de «venganza», privó a Robles de su condición de magistrada del alto tribunal. Soltera y sin hijos, entre 2008 y 2013 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE y es miembro de la asociación Jueces para la Democracia.
Nacida en León en 1956, es juez de carrera y ocupó sus primeras plazas en Balaguer (Lleida) y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Fue la primera mujer en presidir una Sala de lo Penal y una Audiencia Provincial –la de Barcelona, en 1991– y la tercera en entrar en el Tribunal Supremo.
EXPERIENCIA EN INTERIOR
Su trayectoria pública arranca en 1993, cuando fue nombrada subsecretaria de Justicia y luego, entre 1994 y 1996, fue secretaria de Estado de Interior, cuando Juan Alberto Belloch sustituyó a Antoni Asunción y se convirtió en ‘superministro’ de Justicia e Interior en el último Gobierno de Felipe González.
En el organigrama de aquel Ministerio de los años 90 hubo tres secretarías de Estado: Margarita Robles ocupó la de Interior; María Teresa Fernández de la Vega, luego vicepresidenta con José Luis Rodríguez Zapatero, la de Justicia; y Paz Fernández Felgueroso la de Asuntos Penitenciarios.
Robles ejerció de secretaria de Estado en una etapa en la que afloraban los escándalos de corrupción del PSOE de Felipe González. Bajo las órdenes del biministro Belloch, también se enfrentó al terrorismo de ETA y gestionó otras crisis como la detención de Luis Roldán o el secuestro de Publio Cordón por parte del GRAPO.
Desde su despacho en Interior vivió las investigaciones judiciales que sobre la guerra sucia de los GAL llevó a cabo el entonces juez Baltasar Garzón, que había vuelto a la Audiencia Nacional tras acompañar a Felipe González en las listas del PSOE.
Del Ministerio liderado por Belloch Margarita Robles salió para incorporarse a la Audiencia Nacional, donde entre 1996 y 2004 fue magistrada de su Sala de lo Contencioso Administrativo, y desde donde dio el salto al Tribunal Supremo y, cuatro años después, al CGPJ. En esta etapa destacó su capacidad de negociar, liderando el sector progresista en la política de nombramientos frente al grupo de vocales conservadores, a cuyo frente se colocó el actual presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar.
ENFRENTADA CON LESMES
Una vez de vuelta al Supremo, muchos le reprocharon que no terminara de desligarse de las decisiones internas del órgano de gobierno de los jueces, y quizá ello tenga que ver con las difíciles relaciones que siempre se le han presumido con el actual presidente de este órgano y del alto tribunal, Carlos Lesmes, cuyo mandato concluye el próximo mes de diciembre.
Y es que fue el CGPJ de Lesmes quien decidió negar la excedencia que había pedido Robles al pasarse a la política, lo que le supuso perder la condición de magistrada del Supremo. Tampoco tuvo buena relación con el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, que fue quien promovió a Lesmes, y en cambio su trato era muy cordial con Rafael Catalá, a quien defendió cuando cuestionó el voto particular de la sentencia de ‘la Manada’.