El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este lunes que su departamento prepara la creación de un Plan Director de Ciberseguridad que reorganice la estructura del propio ministerio en esta materia, y otro Plan Estratégico contra la trata que, según ha explicado, tendrá en la erradicación de las violencias sexuales «una de sus principales líneas de trabajo».
Durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso para exponer las líneas de trabajo durante esta legislatura, Grande-Marlaska ha reconocido que el Gobierno tiene que «avanzar» más allá de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional que se definió en 2019 y apostar por un Plan que «diseñe la estructura organizativa» del departamento.
En este sentido, también se ha referido a potenciar la Oficina de Coordinación Cibernética, «un órgano de inteligencia y coordinación» entre las fuerzas de seguridad del Estado, según ha indicado, en el ámbito de la ciberseguridad.
En su intervención inicial, el responsable de Interior también se ha referido a la necesidad de aprobar un Plan Estratégico contra la trata (Pentra), centrado en la lucha contra las violencias sexuales. Precisamente sobre esta materia prepara una ley el Ministerio de Igualdad, liderado por Podemos.
En este sentido, Grande-Marlaska ha explicado que pondrá al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) «liderando» esta lucha, incorporando, además, a las policías autonómicas en sus procedimientos, bases de datos y grupos de trabajo.
«EXISTE MACHISMO Y DOMINACIÓN»
Del mismo modo, ha destacado su intención de «reforzar» la lucha contra la violencia de género con un incremento de efectivos policiales especializados y mejorando su formación, además de implementar las nuevas funcionalidades del sistema VIOGEN.
«La violencia de género es una lacra que existe en la sociedad española, y existe porque existe machismo y dominación», ha señalado en su comparecencia, para destacar la importancia del «diagnóstico» en esta lucha, así como los «medios», los «efectivos» y la «voluntad política». «Y esos principios son los que guiarán en todo momento la actitud de este Ministerio», se ha comprometido.
SIN DETALLES EN MIGRACIÓN
En su discurso también se ha referido a los delitos de odio y, en concreto, a su intención de implementar «de forma efectiva, con medios, recursos y formación», el Plan de Acción en esta materia. Para ello, su departamento «trabajará» en dos puntos, según ha indicado el ministro: potenciar la labor del Centro Nacional de Desaparecidos e impulsará la aplicación efectiva de la Ley de Víctima del Delito.
En materia migratoria, el ministro no ha hecho ningún anuncio en su primera intervención. Se ha limitado a recordar los objetivos que mantiene su departamento, a los que ya se ha referido en anteriores ocasiones: la intención de que España lidere la política común de fronteras en la UE y reforzando la cooperación con los países de origen y tránsito, así como los medios necesarios para estas políticas. También ha indicado impulsar la reforma del Sistema de Asilo.
En cuanto a las vallas de Ceuta y Melilla, el ministro ha señalado la puesta en marcha de un sistema de circuito cerrado de televisión, en incremento de la altura de las vallas en un 30% y la sustitución de las concertinas «por elementos que doten a la frontera de mayor seguridad», sin detallar el sistema ni la fecha de su finalización. Mientras que en la zona del Estrecho y en Canarias se reforzará la «labor que realizan las autoridades de coordinación de actuaciones» en esta materia.
LEY MORDAZA Y SEGURIDAD EN ZONAS RURALES
«El Gobierno tiene como prioridad derogar la denominada ‘Ley Mordaza’, una ley fallida, y sustituirla por una nueva Ley de Seguridad Ciudadana», ha continuado Grande-Marlaska, repitiendo lo que ya expuso en el primer pleno de control al Gobierno en el Senado. «Una ley moderna, adaptada inequívocamente a los valores constitucionales, consensuada y que ofrezca también un marco de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», ha añadido.
También ha apostado por «reforzar» la cooperación y coordinación con las policías autonómicas y locales, algo que ha calificado como «una política prioritaria». «Se continuarán potenciando las Juntas de Seguridad, se revisarán las oficinas nacionales de Europol, Interpol y Sirene para mejorar la integración de las Policías Autonómicas y se buscarán las actuaciones para hacer efectiva la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el sistema 112», ha añadido.
Grande-Marlaska ha citado «especialmente» la coordinación en los 19 meses de la anterior legislatura con los Mossos d’Esquadra y también ha mencionado a la Guardia Civil para poner en valor la importancia de garantizar la seguridad en el medio rural. «Se apostará por reforzar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de prevención e investigación en el medio rural», ha dicho.
EQUIPARACIÓN Y MODELO DE SEGURIDAD 2030
Grande-Marlaska se ha fijado como horizonte cuatro años de legislatura del Gobierno de coalición «con estabilidad» con Unidad Podemos, en los que quiere potenciar lo que ha calificado como «modelo de seguridad 2030», marcándose tres grandes retos de actuación, nueve ejes de trabajo y 45 medidas.
Entre esas medidas, en el plano de la lucha contra el terrorismo, ha asegurado que impulsará una estrategia que pasa por la aprobación de los Planes de Prevención y Protección Antiterrorista y de Prevención y Lucha contra la Radicalización Violenta, así como de Financiación del Terrorismo.
Trasponer la Directiva Europea de Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) y «completar» la organización de la Oficina Nacional sobre Información de Pasajeros son otras de las medidas deslizadas por Grande-Marlaska, que también quiere «reforzar» el reconocimiento a las víctimas del terrorismo mediante la reforma de la Ley 29/2011 «para introducir mejoras económicas, derechos a la justicia y protección psicosocial, así como el desarrollo de diversos programas educativos y de apoyo a la memoria».
FUNCIONARIOS DE PRISIONES COMO AGENTES DE AUTORIDAD
En materia de Prisiones, el titular del Interior ha subrayado la importancia de tener como referencia la «naturaleza restaurativa» del modelo penitenciario, con la aprobación de una nueva Ley Orgánica General «que se adapte a las reformas legales operadas en el Código Penal» y que reconozca a los funcionarios como agentes de autoridad.
También ayudará al «favorecimiento del régimen abierto», es decir, la clasificación en el tercer grado para que, de esta forma, «disminuya el número de internos y se potencie el tratamiento que haga efectivo el principio de reinserción».
Dentro de las cárceles también se quiere poner en marcha la Oficina de Igualdad y el Protocolo sobre Acoso Sexual, así como seguir potenciar la oferta de empleo público para cubrir, entre otras plazas, las de la sanidad penitenciaria, «que se abordará con el estudio de su transferencia a las Comunidades Autónomas».
Al comenzar su comparecencia en el Congreso, una decena de policías se han desplegado frente a las puertas principales de la Cámara Baja convocados por Jupol y Jucil, las marcas en Policía y Guardia Civil de la plataforma Jusapol, que nació para reclamar un acuerdo de equiparación salarial con policías autonómicas.
Sobre este tema, Grande-Marlaska ha prometido «seguir incrementando la retribución de los empleados públicos, reafirmando el compromiso de hacer efectivo el Acuerdo de Equiparación Salarial que el Gobierno puso en marcha por fin», y del que queda por desarrollar el tercer y último tramo.