Rosell avisa de que «faltan políticas activas» para víctimas de violencia de género de más de 65 años.
La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha dicho que «no es positivo» que ninguna de las 14 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2020 hubiese denunciado su situación de maltrato. «Es la única puerta que lleva al proceso penal en violencia de género y es una puerta muy complicada de cruzar y muchas veces está cerrada», ha aseverado al respecto.
Así lo ha manifestado durante una comparecencia, que desde su llegada al organismo ha establecido que celebrará de manera mensual, para hacer balance de las políticas desarrolladas en materia de igualdad.
Rosell ha rechazado que «la única puerta» a la protección de las mujeres que sufren violencia machista sea a través de la denuncia, al tiempo que ha recordado que, según un estudio de este organismo, las víctimas de violencia de género tardan una media de 8 años y 8 meses en denunciar. Este dato, tal y como ha remarcado, «contradice el discurso misógino» que se basa en decir que hay muchas denuncias falsas en esta materia.
Para Rosell, esa puerta «cerrada» la «abrió» el real decreto que estableció el denominado ‘título habilitante’ expedido por los servicios sociales, que acreditará la situación de ‘víctima de violencia de género’ sin necesidad de interponer denuncia para acceder a prestaciones y ayudas.
Esta medida fue aprobada en Conferencia Sectorial el pasado mes de abril, si bien antes del inicio del próximo mes de abril el Gobierno va a reunir a las comunidades autónomas para unificar la forma de implantarlo.
Una puerta que «abrió» el real decreto que en 2018 estableció el denominado título habilitante que acredita la situación de ‘víctima de violencia de género’ sin necesidad de interponer denuncia para acceder a prestaciones y ayudas. Esta medida fue aprobada en Conferencia Sectorial el pasado mes de abril, si bien antes del inicio del próximo mes de abril el Gobierno va a reunir a las Comunidades Autónomas para unificar la forma de implantarlo.
El objetivo, tal y como ha reivindicado Rosell, es que la atención y protección de las mujeres víctimas «no dependa solo» del proceso policial y judicial, sino que pueda producirse si «verbaliza» su situación ante los servicios sociales, sanitarios y especializados.
VÍCTIMAS CON MÁS DE 65 AÑOS
En su intervención, Rosell ha recordado que las dos últimas mujeres asesinadas por violencia de género tenían más de 65 años. De las 14 víctimas mortales a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de 2020, cinco tenían más de 61 años, según la estadística oficial.
«Hasta ahora hay que admitir que se ha hecho poco respecto de este sector», ha dicho Rosell. A su juicio, «faltan políticas activas» para ayudar a estas mujeres de edad avanzada que son víctimas de la violencia de género y «hay que coordinar más» las políticas municipales y autonómicas. En este contexto, ha abogado por dar «enfoque de género» a las políticas relacionadas con personas mayores.
Según el estudio de la delegación del Gobierno presentado en diciembre, las mujeres mayores de 65 años sufren un «grado mayor de violencia» con su pareja que en el caso de las jóvenes. «Se detecta que sufren violencia física, psíquica, sobre todo emocional y de control, y violencia económica y sexual», ha remarcado. Estas mujeres verbalizan menos las violencia sexual y «está claro que han acudido menos» a la policía y a los servicios de ayuda y asesoramiento y las personas de su entorno, tal y como ha remarcado Rosell.
En este sentido, se ha mostrado convencida de que el titulo habilitante mejorará la protección de las víctimas que estén en el ámbito rural.