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La Audiencia Nacional rechaza obligar a Justicia a entregar de forma inmediata equipos de protección

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha rechazado adoptar medidas cautelarísimas para obligar al Ministerio de Justicia a que entregara de forma inmediata equipos de protección contra el coronavirus a los funcionarios de la administración que están prestando servicios esenciales durante el estado de alarma.

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) había presentado una demanda ante la Sala de lo Social porque, aunque entiende que la prioridad son los servicios sanitarios, también lo son los servicios de Justicia, especialmente en lo que respecta a las guardias o el registro civil.

Así, según informa el STAJ, solicitaba que se ordenara al ministerio que dirige Juan Carlos Campo que facilitara de forma inmediata «equipos individuales de protección para su uso obligatorio durante la prestación del servicio esencial», así como a «evaluar individualizadamente los riesgos» que asumen, por sus circunstancias personales, los funcionarios de la Administración de Justicia a los que ha ordenado desempeñar sus funciones».

El tribunal, sin embargo, desestima la primera petición amparándose en que ante la diversidad de actividades de los funcionarios de la Administración de Justicia, las medidas de protección individual deben ser adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección acorde con la actividad laboral o profesional, informa el sindicato.

Se deniega esta solicitud sin perjuicio de que el ministerio, siguiendo las recomendaciones de Sanidad y teniendo en cuenta la escasez de equipos de protección y atendidos los colectivos prioritarios, entre otros el personal sanitario, pueda proceder a la adquisición de los mismos para poner a disposición de los funcionarios de Justicia.

«STAJ es consciente y entiende la escasez de material y la prioridad de otros trabajadores como los sanitarios, con una exposición mayor. Y, por ello, STAJ y el resto de organizaciones sindicales venimos denunciando desde la declaración del estado de alarma que ha sido la injerencia del Consejo General del Poder Judicial la que está poniendo en riesgo la salud de los miles de funcionarios de Justicia y de la ciudadanía en general, pretendiendo obligar a desplazamientos y presencias innecesarias», denuncia el sindicato.

En su opinión, «la gravedad de la crisis sanitaria y la necesidad de reducir el movimiento y exposición de la población para conseguir vencer esta pandemia obliga a seguir luchando para conseguir que la prestación de servicios presenciales en la Administración de Justicia se reduzca» a los casos concretos en que es necesaria la presencia, como guardias, violencia sobre la mujer, internamientos y alguna actuación del Registro Civil.