La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha puesto este miércoles fecha de caducidad a la vigencia del estado de alarma, que el Ejecutivo busca levantar en el mismo momento en que concluya la actual fase de desescalada «a finales de junio o primeros de julio», si todo va bien. Y ha avanzado la intención del Ejecutivo de proponer con rapidez reformas legislativas para que el país esté pertrechado en el futuro para responder ante eventuales rebrotes de la enfermedad de la COVID-19 sin que sea necesario recurrir de nuevo al estado de alarma.
En su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Senado, Calvo ha confirmado que el Gobierno ha empezado a plantear a los grupos parlamentarios la posibilidad de solicitar una quinta y última prórroga del estado de alarma por un periodo de «más o menos un mes», de manera que abarque hasta el final del proceso de desescalada por el cual las Comunidades Autónomas van relajando de manera progresiva y a distintas velocidades, en función de la evolución de la epidemia en sus territorios, las restricciones impuestas desde la instauración del estado de alarma el pasado 14 de marzo.
Entre los grupos políticos con los que ha conversado Calvo acerca de esta posibilidad ha incluido a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien el martes mantuvo una videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco del compromiso asumido por éste de informarle periódicamente de la evolución de la pandemia. La formación ‘naranja’ informó tras esta conversación de que Sánchez no había compartido con Arrimadas sus planes sobre la posibilidad de pedir una prórroga de un mes del estado de alarma, a diferencia de los 15 días habituales de ampliación que ha venido solicitando el Gobierno al Congreso.
Calvo ha detallado este miércoles que sí ha tenido oportunidad de hablar con Arrimadas acerca de esta cuestión, si bien no ha precisado en qué momento tuvo lugar su conversación con la líder ‘naranja’. Ha precisado en cambio que con ella habló de que sería «más cómodo» para los Gobiernos autonómicos contar con el plazo de un mes para aplicar la relajación de las medidas en sus respectivos territorios, dado que es intención del Ejecutivo darles cada vez más autonomía para aplicar la desescalada en sus respectivos ámbitos de actuación. También una prórroga de un mes aportaría una mayor certidumbre a las empresas, ha argumentado la vicepresidenta.
Para cuando concluya la fase de desescalada y se entre en lo que el Gobierno ha venido a denominar ‘la nueva normalidad’, Calvo ha defendido la necesidad de llevar a cabo las reformas legislativas que sean necesarias para pertrechar al país de los mecanismos oportunos que le permitan responder ante eventuales rebrotes de la enfermedad de la COVID-19 sin tener que recurrir de nuevo al estado de alarma.
La vicepresidenta no ha mencionado expresamente ninguna ley en concreto, pero sí ha hablado de «una reforma sanitaria de algunos elementos importantes de la legislación básica del Estado» que el Ejecutivo quiere afrontar «con mucha rapidez», dado que la voluntad del Gobierno es levantar el estado de alarma «en cuanto termine la desescalada», que ha situado, si todo va bien, entre «finales de junio y los primeros días de julio».
«Tenemos que pertrecharnos para pasar el verano y naturalmente el otoño, por si existe un repunte o una vuelta de la intensidad de la COVID-19 en unas condiciones que ya no tenga que ser utilizable el artículo 116 de la Constitución» que regula el estado de alarma. Ahora bien, ha advertido de que para emprender esta reforma el Gobierno necesita un «consenso» con las fuerzas políticas, «que sin merma de las transferencias y del respeto a las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas permitan reaccionar a las emergencias». «Salir de la alarma significa darnos a nosotros mismos de instrumentos importantes para poder navegar cualquier situación que vuelva a perturbarnos», ha incidido.
El líder del PP, Pablo Casado, ya avanzó a la propia Calvo en una conversación telefónica este lunes pasado que su grupo votaría en contra de la quinta prórroga del estado de alarma. Los ‘populares’ se muestran contrarios a seguir ampliando el estado de alarma y han propuesto un paquete de medidas alternativo que incluye un plan de desescalada jurídica que apunta a más de media docena de leyes para limitar la movilidad de los ciudadanos sin tener que recurrir a la alarma.
EL PP EXIGE DIÁLOGO PREVIO
La portavoz ‘popular’ en la Comisión, Amelia Salanueva, ha asegurado que el PP tiene «soluciones» y las quiere aportar para ayudar a los españoles, pero exige negociación. «No tiene sentido hablar de pactos sin diálogo previo. ¿Qué negociación hay si las decisiones están tomadas?», ha preguntado.
Ha acusado al Gobierno de mantener una «ceremonia de la confusión» sobre los datos de víctimas, de una «extralimitación» en el uso del estado de alarma, de tener a las Cortes «amordazadas», de que se vulnere el derecho a la libertad religiosa por suspender toda celebración, o de limitar el derecho a la información y prensa.
CIUDADANOS: «SE RÍEN CADA DÍA DE LOS MUERTOS»
El portavoz de Ciudadanos, Francisco José Carrillo, ha sido muy crítico con la vicepresidenta y con el Gobierno, al que ha acusado de «espíritu de soberbia» y de no admitir que no se tomaron medidas a tiempo contra la pandemia. «Es un insulto a los 27.000 compatriotas muertos», ha dicho, «se ríen cada día de los muertos y de sus familias y de los profesionales sanitarios a los que no les da la gana de proteger», ha agregado. «No me puedo reír de ningún muerto. No lo diga, por favor, no me lo diga», le ha replicado Carmen Calvo.
Carillo ha respondido también a la llamada a la unidad de la vicepresidenta y ha subrayado que el Ejecutivo no tiene en Ciudadanos «un nuevo socio sino un vigilante que le exigirá hacer las cosas bien». Ha advertido al Gobierno de que tendrá que negociar con Cs cada propuesta que lleve al Congreso, «dejar a un lado su ideología, su autosuficiencia, su unilateralidad, que tantas vidas y ruinas nos está costando».
CRÍTICAS DE GEROA BAI
También ha sido crítica la intervención del senador de Geroa Bai, Koldo Martínez, cuyo partido es socio del PSN en el Gobierno de Navarra pero que ha censurado «el ordeno y mando y subordinación» con que a su juicio ha funcionado el Ejecutivo del Pedro Sánchez.
Martínez ha sido especialmente crítico con el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «patrullando sin mantener distancias» de seguridad y con «excesiva presencia en las calles» de Navarra. Ha censurado también la intervención del Ejército, que «se paseó por Tudela» desinfectando calles «sin evidencia científica de que fuera bueno» hacerlo. Ha aplaudido a cambio que se haya desinfectado instalaciones como residencias o centros de salud.
COALICIÓN CANARIA PIDE AYUDA PARA LAS ISLAS
Por parte de Coalición Canaria ha intervenido Fernando Clavijo, quien ha pedido ayuda especial para su Comunidad Autónoma porque se va a ver especialmente afectada, ha dicho, por el parón del turismo, que aporta el 32% del PIB canario y el 36% del empleo, y que el desempleo podría superar el 40% por esta crisis.
El senador, ex presidente del Gobierno de canarias, ha reclamado que se cumpla el Convenio de Carreteras firmado entre los dos ejecutivos, que se permita el uso del superávit tanto autonómico como de las entidades locales y el endeudamiento.
«A Canarias la han asolado los incendios, la quiebra de Cook, menos mal que la Covid no le ha tratado mal», le ha respondido la vicepresidenta, que ha asegurado que comprende la situación de las islas y se ha ofrecido a buscar soluciones.