La Guardia Civil ha llevado a cabo más de 500 inspecciones en 300 centros vinculados con la gestión de residuos sanitarios entre los que se han detectado graves irregularidades que se han investigado para paliar los efectos de transmisión del coronavirus.
En el marco de la Operación Retrovirus –que coordina la EUROPOL– los agentes del Instituto Armado han detenido e investigado a 44 personas en España, tramitándose además 184 infracciones administrativas en materia de residuos por su transporte, gestión o eliminación irregular.
Desde la Benemérita han recordado que, a raíz de la declaración del estado de alarma, y de las consecuencias que está teniendo el desarrollo de la pandemia tanto en las personas como en el medio ambiente, el SEPRONA ha reforzado el control en la gestión de residuos sanitarios peligrosos y sus consecuencias.
Así, la Guardia Civil ha apuntado que el incremento de la actividad sanitaria debido a la emergencia está implicando obligatoriamente un amplio aumento de los desechos. La forma en que se recogen, transportan y finalmente tratan y eliminan, a través de gestores autorizados estos desechos, está siendo, según insisten, crucial en términos de restringir la dispersión del Covid-19.
PENAS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN POR LA MALA GESTIÓN
En este sentido, la mala gestión individual de los guantes y las mascarillas usados, está incrementado la presencia de residuos plásticos en ríos y mares, problemática cuyo impacto ambiental ya se estaba intentando reducir dada la contaminación y daño que provoca en estos ecosistemas.
La Guardia Civil ha contado con el apoyo de EUROPOL en el análisis operativo y en el análisis estratégico de documentación para hallar posibles relaciones de las empresas investigadas con el resto de estados miembro y terceros países.
En esta línea, desde el Instituto Armado han explicado que la mala gestión de estos residuos declarados como peligrosos puede acarrear directamente la aplicación de sanciones penales recogidas dentro de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Así, y teniendo en cuenta que pueden perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se podrán imponer penas de prisión de dos a cinco años, multas de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.