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Cáritas advierte de que el ingreso mínimo vital puede ser «una oportunidad perdida» si no se articula adecuadamente

La Fundación FOESSA, fundada por Cáritas Española, ha advertido de que el ingreso mínimo vital puede ser «una oportunidad perdida» si no se articula adecuadamente y ha detectado algunos déficits del modelo actual de rentas mínimas como «la desigualdad territorial, una baja intensidad protectora y una cobertura limitada», en un análisis sobre el sistema de ingresos mínimos en España, publicado por FOESSA dentro de su serie ‘Focus’.

«Si no se desarrolla adecuadamente a nivel reglamentario y si no se articula adecuadamente con los sistemas existentes en las comunidades autónomas, se tratará de una oportunidad perdida para los hogares más vulnerables», ha indicado Cáritas.

Bajo el título ‘Vulneración de derechos: Ingresos Mínimos’, los expertos de FOESSA analizan a lo largo de tres capítulos el modelo español, con objeto de identificar los puntos débiles, el grado de respaldo social del mismo y lo que su implementación pueden suponer para reducir la pobreza extrema importante.

Como se señala en la introducción, «el sistema de ingresos mínimos se plantea como uno de los soportes básicos de la protección social para el mantenimiento de un nivel de vida digno de la ciudadanía» y «su objetivo primordial es facilitar un bienestar mínimo a la población vulnerable reduciendo la pobreza».

«Sin embargo –subrayan los autores–, el modelo español desde su origen ha presentado tres principales elementos deficitarios: un alto grado de desigualdad territorial, una baja intensidad protectora y una cobertura limitada».

El informe analiza la intensidad protectora que a fecha de hoy ofrecen los distintos sistemas de ingresos mínimos que, «desde criterios muy desiguales», han ido desarrollando en las últimas cuatro décadas las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y alerta de que, aunque la aprobación de un IMV de ámbito estatal es «un claro avance» puede acabar en «una oportunidad perdida».

BAJA CAPACIDAD PROTECTORA Y ESCASA COBERTURA

Basándose en la memoria de las rentas mínimas que publica anualmente el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el informe de Cáritas señala que se trata de «un sistema con baja capacidad protectora y escasa cobertura».

«El nivel de inversión es muy desigual e incluso en declive en el último año. En muchas CCAA, las rentas mínimas no son un derecho subjetivo, sino que se trata de una prestación dependiente de la disponibilidad presupuestaria. Tras años de aumento leve pero constante, el monto total ejecutado en materia de RMI ha descendido en un 1,61%, pasando de 1.544,4 millones de euros en 2017 a 1.519,6 millones de euros en 2018», precisa.

En cuanto a la cobertura de las rentas mínimas, es decir, a cuántas personas en situación de pobreza llegan estas ayudas, la organización asegura que es «uno de los puntos débiles más flagrantes del sistema de protección social español» pues «el promedio de las rentas mínimas de inserción implementadas por las comunidades autónomas deja a más del 93% de las personas en situación de pobreza en España sin recibir este tipo de ayudas».

En España, según recuerda Cáritas, más de 2,6 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza severa (30% de la mediana de ingresos, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE 2018), mientras que la población beneficiaria de las rentas mínimas, alcanza a más de 679.000 personas (un 12,8% menos que en 2017).

En términos de cobertura de los sistemas de garantía de ingresos mínimos, los beneficiarios de las rentas mínimas, «apenas alcanza al 29% de la población bajo el umbral de la pobreza severa, una desprotección que afecta a dos de cada tres personas en estas circunstancias», según puntualiza.

También pone de manifiesto las diferencias territoriales en el desarrollo del sistema, ya que la tasa de cobertura oscila desde el 4,9% en Andalucía o 5,8% en Castilla La Mancha, las regiones con menos extensión, y alcanza hasta el 274% de la población en pobreza severa en Navarra, 175% en el País Vasco o 145% en Asturias, las regiones con una cobertura más desarrollada.

LA POBLACIÓN, A FAVOR DEL INGRESO MÍNIMO

El estudio de FOESSA indica que según el barómetro del CIS de mayo, la mayoría de personas encuestadas avala la iniciativa de un Ingreso Mínimo Vital de carácter estatal (83,4%).

Además, de acuerdo a su propia encuesta EINSFOESSA de 2018 (Encuesta Sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA), el 88,1% de la población de España cree que quienes reciben ayudas sociales lo hace porque las necesitan para vivir; un 47,3% piensa que las Administraciones públicas deberían desarrollar políticas de garantía de rentas para todo el mundo, y en un 49,7% solo para quienes lo necesiten.

Los autores del estudio aseguran que la aprobación del ingreso mínimo vital representa «un paso muy importante que sitúa a España un poco más cerca de la media europea de protección social». Según cálculos del ejecutivo, el IMV llegaría a 850.000 hogares (2,3 millones de personas), con lo que se triplica la protección a la población con escasos recursos en España.

No obstante, y a falta del desarrollo reglamentario, Cáritas considera que «se mantienen muchas incógnitas sobre si el nuevo sistema de ingresos mínimos será capaz de garantizar la efectividad de ese nuevo derecho subjetivo».

NO INCLUYE A LOS MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR

Entre los «déficits» detectados por la labor social de la Iglesia, destacan: que no incluye a las personas en situación administrativa irregular, ni a las personas jóvenes emancipadas menores de 23 años, ni a las familias que viven en habitaciones compartiendo la vivienda con más de dos familias.

También advierte de que la vinculación al empleo y la obligación de constar como demandante de empleo, supondrá que las personas que por sus circunstancias (enfermedades crónicas, por ejemplo) no pueden tener una inclusión en el mercado laboral no podrán acceder a la prestación, lo mismo que ocurre con las personas en exclusión que estén residiendo de forma permanente en lugares con financiación pública.

Cáritas pide asimismo que las comunidades autónomas mantengan la inversión que actualmente destinan a las prestaciones de garantía de ingresos mínimos autonómicas como prestación económica que pueda complementar el Ingreso Mínimo Vital o dar cobertura a aquellos perfiles a los que el IMV no llegue.

Asimismo, sugiere acompañar el IMV con un complemento de vivienda que evite que el importe de la nueva prestación se destine casi únicamente al coste de la vivienda y de los suministros, pues «el coste de la vivienda y la inversión que las familias tienen que dedicar al pago de la misma supera el 50% de los ingresos en muchos hogares»; y facilitar por parte de las administraciones los mecanismos de empadronamiento, dado que esta es condición sine qua non para poder solicitar el Ingreso Mínimo Vital.