La abogada Ana Reguera, que representa a familiares vinculados a la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, conocida como ‘Orden de los miguelianos’, ha mantenido que los familiares buscan «reparar el daño moral de las víctimas» y que aquellas personas que hayan podido cometer delitos penales respondan ante la Justicia.
Así lo ha manifestado a los medios antes de que diesen comienzo, en la mañana de este martes, las declaraciones de perjudicados en la causa, en la que ha dicho que hay investigadas «alrededor de 11 o 14» personas. Según fuentes consultadas por Europa Press, está previsto que 21 personas declaren como testigos o perjudicados ante el Juzgado de Instrucción número uno de Tui (Pontevedra).
La letrada, a las puertas de la sede judicial, ha recordado que este martes arrancan las comparecencias con todos los letrados, que hasta ahora no habían podido intervenir al haber sido decretado el secreto de sumario, que se levantó a mediados de marzo. «Ahora ya se hace –declarar– para respetar el derecho de contradicción y defensa de todas las partes», ha explicado.
En lo relativo a las personas que está previsto que declaren este martes, ha descartado concretar sus identidades puesto que, ha asegurado, «quieren preservar su identidad, llevarlo de la manera más discreta posible y sobre todo de cara también a los hijos, que tienen muchas cosas que hablar con ellos y temas muy personales e íntimos que no quieren que salgan a la luz».
Al ser cuestionada por las declaraciones iniciales de familiares, quienes en semanas previas a los arrestos habían denunciado que la orden actuaba como una secta, Reguera lo ha justificado en que «antes de que estuviera judicializada la causa había una desesperación de poder encontrar a sus hijas, pero una vez que el procedimiento se ha abierto, lo que quieren es que se lleve en el juzgado». «No queremos entrar en un debate de televisiones, queremos llevarlo en la intimidad», ha rematado.
Finalmente, sobre cómo se encuentran las víctimas, la letrada, que ve «pruebas suficientes» en la causa, ha manifestado que están «en un estado delicado» pues «hay una serie de hechos delictivos, que han afectado a una serie de chicas». Tal y como ha concretado, la imputación provisional es por asociación ilícita, contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales, posibles abusos y agresiones sexuales, si bien «falta mucho para perfilar la imputación definitiva».
ORDEN DE SAN MIGUEL
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó que la investigación se sigue por los supuestos delitos de asociación ilícita, delito contra la Hacienda Pública y, en el caso del fundador de la Orden y Mandato de San Miguel, Feliciano Miguel Rosendo, por esos delitos y por el de abuso sexual.
Además del líder, hay al menos otras 10 personas investigadas, entre las que se encuentran su mano derecha, Marta Paz –ambos fueron detenidos el 11 de diciembre de 2014 en Madrid, tras lo que él fue enviado a prisión–, su otro ‘bastón’, tres parejas, un sacerdote y otra persona cuya identidad no ha trascendido, según ha podido saber Europa Press.
La Orden llegó a tener unos 400 seguidores en su momento álgido y tenía su centro de operaciones en un chalet en Santa María de Oia (Pontevedra). En la primavera de 2014 sus integrantes fueron expulsados por las autoridades eclesiásticas, y un grupo reducido se trasladó a dos sedes en Madrid (Collado Villalba y El Escorial). Días después de las detenciones de Rosendo y Marta Paz, el obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, firmó el decreto de supresión de la Orden y Mandato.
