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    Ciudadanos considera «vergonzoso» que las cárceles catalanas propongan el tercer grado para los nueve presos del 1-O

    Ciudadanos ha calificado de «vergonzoso» que las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas de Lledoners, Puig de les Basses y la de Mujeres de Barcelona (Wad-Ras) hayan propuesto el tercer grado penitenciario para los nueve condenados por el Tribunal Supremo por impulsar el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y la declaración unilateral de independencia.

    Así lo ha dicho el dirigente de Cs y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, en un mensaje en su cuenta de Twitter, donde ha señalado que esta decisión «es el resultado de dejar las competencias penitenciarias en manos del separatismo», en referencia a los partidos que integran el Govern, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya.

    «La Generalitat concede la semilibertad a los políticos condenados hace sólo unos meses por sedición y malversación al intentar romper nuestra democracia. Vergonzoso», ha escrito, recordando la sentencia de octubre de 2019.

    LA FISCALÍA PUEDE RECURRIR LA DECISIÓN

    Los centros penitenciarios tenían hasta el 9 de julio para revisar el segundo grado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa y Raül Romeva, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, al vencer el plazo de seis meses que estipula el Reglamento Penitenciario para revisar el grado penitenciario.

    Previsiblemente, las propuestas de las cárceles de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueres (Girona), y la de Mujeres de Barcelona (Wad-Ras) serán validadas por el Servicio de Clasificación de la Conselleria de Justicia de la Generalitat en un máximo dos meses, ya que así ocurre en el 95% de los casos.

    Sin embargo, la Fiscalía podría recurrir después ante el juzgado de vigilancia penitenciaria y posteriormente al tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo.

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