El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha celebrado este lunes que el Partido Popular plantee ahora una reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) similar a la que la formación naranja defiende desde hace varias legislaturas. Sin embargo, se ha preguntado por qué ha tardado «35 años» en hacerlo y hasta ahora se había dedicado a «repartirse» a los vocales.
«Es una buena noticia», pero «llevo esperando 35 años a que el PP presente esa reforma», ha declarado en rueda de prensa telemática en la sede de Cs tras la reunión del Comité Permanente. Según ha recordado, el sistema actual fue establecido por el Ejecutivo de Felipe González en 1985 y ninguno de los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE lo han modificado. «Llevan desde entonces «repartiéndose los vocales», ha criticado.
Bal ha constatado el parecido entre la reforma que defienden los ‘populares’ y la que propone Ciudadanos, rechazada por el Pleno del Congreso hace unas semanas con el voto en contra del PSOE y Unidas Podemos y con el apoyo del PP y Vox. Ambas pretenden que sean los jueces y magistrados, no el Congreso y el Sennado, los que voten para escoger a doce de los veinte vocales del CGPJ, los de procedencia judicial.
«Le digo al PP que copien nuestra reforma, yo se la regalo», porque «lo que nos importa a Cs es que se hagan cosas buenas, no que se ponga alguien las medallas», ha manifestado, añadiendo que por ahora no han hablado con los ‘populares’ sobre esta cuestión.
Por otro lado, el diputado del partido naranja ha vuelto a pedir a los partidos del Gobierno de coalición que retiren la proposición de ley que han presentado en el Congreso para que esos doce miembros del CGPJ puedan designarse por la mayoría absoluta de las Cámaras en un plazo de 48 horas si en la primera votación no se alcanzan los tres quintos.
Según ha advertido, esa propuesta del PSOE y Unidas Podemos es «una infamia y una aberración jurídica» que supondría que esos vocales se los repartiera «el Gobierno Frankenstein». Es una «cacicada» que «aumenta el grado de politización del poder judicial» y lo deja «prácticamente subordinado al ejecutivo», repartiéndolo además entre «populistas y separatistas que lo único que pretenden es que a España le vaya mal, que sea un país débil», ha afirmado.