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Un total de 313 trabajadores humanitarios fueron víctimas de ataques en 2017, con un 30% más de muertes que en 2016

Un total de 313 trabajadores humanitarios fueron víctimas de hasta 158 ataques violentos en 2017 en 22 países. Así lo recoge el informe ‘Aid Worker Security Report’ basado en datos de la Aid Worker Security Database (AWSD) que revela que el número de trabajadores humanitarios fallecidos por este tipo de ataques ha aumentado un 30%(139) respecto a los ocurridos en 2016, lo que supone el segundo año con más ataques desde que se tienen registros. Este domingo 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

Según detalla el informe, la mayoría de estos ataques ocurrieron en países afectados por diversos conflictos como son Sudán del Sur, Siria, Afganistán y la República Centroafricana que concentran en conjunto dos tercios del total de los incidentes. En concreto, los ataques en la República Centroafricana se han visto triplicados tras el recrudecimiento de la lucha e mayo de 2017, lo que convierte al país en uno de los contextos de mayor violencia por primera vez desde el inicio del conflicto en 2014.

Por otro lado, la violencia en Sudán del Sur continua en alza, con cifras récord en el número de trabajadores humanitarios asesinados por arma de fuego, así como un incremento en secuestros. En este sentido, el informe destaca que, mientras antes de 2016 los secuestros en Sudán del Sur eran relativamente inusuales, su incremento en los últimos dos años sugiere una tendencia por parte de los grupos armados de utilizar esta táctica para evitar operaciones de ayuda humanitaria.

MAYORES SECUESTROS ENTRE MIEMBROS DE ONG LOCALES

Debido a que los ataques en forma de secuestro ocurren en zonas de acceso restringido para las organizaciones de ayuda internacional, el año 2017 supuso un gran incremento en el número de víctimas de secuestro pertenecientes a ONG nacionales o locales, cuya actuación se localiza en las áreas más inseguras. En Sudán del Sur, las cifras de secuestro son significativamente más elevadas entre los trabajadores nacionales (34 víctimas) frente a los trabajadores internacionales (2 víctimas).

En este contexto, y en el marco de la celebración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se celebra el próximo 19 de agosto, Naciones Unidas ha hecho un llamamiento para centrar la atención en los civiles afectados por los conflictos armados. La organización denuncia que se ataque directamente y se amenace a los trabajadores humanitarios a medida que tratan de ayudar y atender a las víctimas de estos conflictos.

Por ello, Naciones Unidas ha lanzado el movimiento ‘#NoSonUnObjetivo’ para exigir a los líderes del mundo que actúen para proteger a los civiles y trabajadores en zonas de conflicto.

Por su parte, Cruz Roja se ha unido a la campaña #NoSonUnObjetivo y ha recordado a las 37 personas pertenecientes a la Cruz Roja y la Media Luna Roja fueron asesinadas mientras desarrollaban su labor el pasado año.

Además, más de 200 personas de Cruz Roja Española intervinieron en 56 países prestando asistencia humanitaria el pasado 2017. Durante este período, la población desplazada forzosamente en todo el mundo debido a la persecución, los conflictos, desastres o la violencia generalizada aumentó en más de 2,9 millones de personas llegando, al finalizar el año, a un total de 68,5 millones de personas.

En este sentido, Aldeas Infantiles SOS proporcionó casi dos millones de servicios humanitarios en 2017 en los que participaron 700 trabajadores y 350 voluntarios. En concreto, sus objetivos principales son la protección de la infancia, facilitar la reunificación de las familias y ofrecerles apoyo psicológico y social.

“Los niños son los miembros más vulnerables de todas las sociedades y necesitan protección especial y apoyo antes, durante y después de las emergencias. La acción humanitaria después de un desastre no es suficiente”, sostiene el presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, Pedro Puig.

ESPAÑA DESTINA EL 0,17% DE RENTA NACIONAL A AYUDA HUMANITARIA

Por otro lado, Oxfam Intermón ha instado al gobierno de Pedro Sánchez a cumplir con su compromiso de elevar la ayuda oficial al desarrollo al 0,4% de la Renta Nacional Básica en el 2020. De ese porcentaje, el 10% debería dedicarse a ayuda humanitaria o de emergencia, según ha comunicado la ONG.

“Creemos que no es mucho exigir que se llegue al 0,4% de la RNB, sobre todo si tenemos en cuenta que hace casi medio siglo, en 1970, que la ONU fijó la meta del 0,7%. En el caso de la ayuda destinada a respuesta humanitaria, hablamos no de porcentajes sino de vidas humanas: campesinas de Mauritania, padres de República Centroafricana, refugiadas huidas de la guerra de Sudán del Sur. Tenemos un imperativo ético e incluso legal para hacer todo por salvar esas vidas”, ha señalado el director general de Oxfam Intermón, José María Vera.

Según el último informe de Oxfam Intermón sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo, el Gobierno destina 1.900 millones de euros a AOD, el 0,17% de la Renta Nacional Bruta. De ellos sólo 51,3 millones son para ayuda humanitaria. “Es una cantidad indigna de un país solidario como España”, ha considerado el director.

“DO NO HARM” COMO PREMISA PARA LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS

Por otro lado, Acción contra el Hambre ha presentado una guía para que los trabajadores humanitarios puedan ayudar “más y mejor” en los conflictos. Además, la ONG ha denunciado que, durante el pasado ejercicio de 2017, registró 85 incidentes de seguridad, 13 de los cuales fueron considerados “críticos”.

De este modo, la guía de Acción contra el Hambre parte de la premisa humanitaria ‘Do no harm’ (Acción Sin Daño) que surge de la idea de que los conflictos están relacionados con la competencia por poder y recursos, de modo que introduciendo nuevos recursos a través de la ayuda, se podrían desafiar o alterar las relaciones de poder y generar o exacerbar tensiones, según se explica en la introducción de la guía.

“La selección de los beneficiarios, por ejemplo, es uno de los momentos clave para el éxito de un proyecto en zonas de conflicto, por las susceptibilidades que podría generar la priorización de una determinada zona geográfica o grupo étnico o religioso –ha detallado la coordinadora de la guía, Mayte Valdez–. Aunque la respuesta inicial suele ser de solidaridad espontánea, a medio o largo plazo la presencia de refugiados puede ocasionar una presión sobre recursos naturales o servicios básicos que desgastan la solidaridad local. Si a esto se añade la percepción de que la ayuda es solo para los refugiados en países de acogida muy pobres los efectos de la intervención humanitaria pueden llegar a ser dañinos”.

Asimismo, la guía ha calificado como “determinante” la elección de los socios locales y su posición en el contexto, dada la importancia de trabajar con distintos grupos de poder que controlan el territorio para garantizar el principio de acceso directo a las víctimas. “Hablar con todas las partes en conflicto manteniendo estrictamente nuestra neutralidad es un reto para la acción humanitaria”, ha asegurado el director de operaciones de Acción contra el Hambre, Vincent Stehli.

La guía contempla también la necesidad de incluir un análisis de género del conflicto ya que, según ha constatado, las formas de vivir el conflicto son distintas entre hombres y mujeres, tanto como víctimas o como perpetradores, y es importante tener en cuenta estas diferencias para proteger mejor con los programas, pero también para reforzar potenciales roles positivos para la disminución de la violencia.