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sábado, 20 abril 2024
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El fiscal concluye que la trama de burdeles de Castelldefels actuó «al más puro estilo de El Padrino»

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El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha concluido este lunes en su informe final que la trama de extorsión del caso de los macroprostíbulos de Castelldefels Riviera y Saratoga donde están imputados seis policías actuaba «al más puro estilo» de las películas ‘El Padrino’, ‘Casino’ y ‘Uno de los nuestros’.

En esta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona desde septiembre, ha hecho esta comparación con los filmes de Francis Ford Coppola y Martin Scorsese con el fin de ilustrar el presunto pago de sobres de dinero a policías para, en algunos casos evitar inspecciones en los burdeles, y en otros ser avisados antes y esconder a las prostitutas en situación irregular y menores.

El fiscal considera que los exmandos del Cuerpo Nacional de Policía Andrés Otero y Luis Gómez desde 2002 «se concertaron para exigir dinero» a los dueños de los macroprostíbulos: 6.000 euros mensuales que se entregaban de forma camuflada en un concesionario de coches de importación de Martorell (Barcelona) regentado por el confidente policial y testigo clave de la presunta trama, Manuel Gutiérrez Carbajo.

Según la tesis del fiscal, más tarde, el inspector de Policía Javier Martín Puyal «quiso apuntarse al pastel» y también exigió presuntamente 3.000 euros al mes, la mitad de lo que supuestamente percibían Otero y Gómez.

Solicita penas de hasta 44 años de cárcel para los seis miembros del Cuerpo Nacional de Policía, tres abogados, un funcionario del Ayuntamiento de Barcelona, un ingeniero y los responsables de los locales de alterne presuntamente implicados en esta trama de cobro de comisiones para favorecer la prostitución.

El fiscal mantiene para los propietarios y encargados de los clubes las peticiones de cárcel de 7 a 18 años; para los policías de 16 a 44 años; de 5 a 20 para los abogados; 19 para el funcionario municipal, y 20 al ingeniero, además del cierre definitivo de los prostíbulos y disolución de sus sociedades.

Les acusa de los delitos de favorecimiento de prostitución (o como alternativa, contra los derechos de los trabajadores), pertenencia a organización criminal, asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, aprovechar revelación de información privilegiada, falsificación de documentación oficial y extorsión, entre otros.

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