El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha defendido este miércoles en el Senado que el precio de la electricidad para el consumidor doméstico fijado por el Gobierno para el primer trimestre tras la invalidación de la subasta «no es intervenido ni político».
El precio de la electricidad, señaló, parte de «una referencia total del mercado» y es fruto de sus cotizaciones. En concreto, corresponde a la evolución media de precios del mercado a plazo durante los seis meses previos a la subasta.
Soria realizó estas consideraciones durante su comparecencia en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado, en la que hizo además una relación temporal de los acontecimientos en el sector eléctrico previos a la subasta Cesur.
Entre ellos, citó una reunión el 28 de noviembre con las compañías eléctricas «para comunicarles la decisión del Gobierno de no proceder a la transferencia de lo establecido» en la ley en la que se recogía un crédito extraordinario de 2.200 millones de dinero público destinado a la tarifa eléctrica.
Posteriormente, continuó el ministro, Industria remitió el 10 de diciembre una comunicación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que «proceda al análisis de los precios que se estaban observando». El procedimiento informativo abierto por el regulador aún no se ha cerrado, indicó.
Soria aludió además a las circunstancias que contribuyeron a la escalada de precios en el ‘pool’ en diciembre, entre ellas la menor disponibilidad de centrales, la mayor demanda o las condiciones anticiclónicas.
Estos factores apuntaban a una subida final de la tarifa como consecuencia del aumento del coste de la energía «de entre el 5% y el 6%». «No había ninguna previsión de que el resultado de la subasta pudiera llegar al 10,5%», afirmó.
Finalmente, señaló, se produjo durante la subasta «un nivel de competencia inferior al requerido». Por este motivo, el Gobierno invalidó la puja y trabaja ahora en un nuevo sistema de precios, para cuya elaboración «está hablando con todas las partes, empresas, eléctricas, operadores financieros y comercializadoras incluidos», señaló.