El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha calificado de «buena noticia» la decisión de la subsidiaria de la mexicana Pemex, PEP (Pemex Exploración y Producción), de adjudicar la construcción de sus dos floteles a los astilleros gallegos Hijos de J.Barreras y Navantia-Ferrol, porque supondrá carga de trabajo durante los próximos años.
«Creo que el acuerdo que ha adoptado Pemex es una buena noticia, lo es para la industria española, para el sector naval español y desde luego para la economía de Galicia porque garantiza carga de trabajo durante los próximos años», ha subrayado el titular de Industria en el marco del seminario sobre nuevos ‘tax lease’ organizado por Pymar.
Asimismo, el ministro de Industria ha resaltado que la adjudicación a los astilleros gallegos pone de manifiesto la capacidad tecnológica y de innovación por parte de la industria naval española.
La resolución del concurso, al que las dos empresas gallegas concurrieron en alianza con PMI –otra filial de Pemex– se ha conocido pasadas las 20.00 horas de este martes, hora mexicana, las 3.00 horas del miércoles en España.
El coste de construcción es de 407 millones de dólares cada una de las embarcaciones (298 millones de euros) y el plazo que es de 10 años (3.653 días naturales), a partir del 13 de julio de 2016, por lo que la fecha de finalización se fija en el 13 de julio de 2026. El objetivo de las embarcaciones es servir para alojar a los trabajadores dedicados al mantenimiento y construcción de infraestructura en zonas marinas.
La empresa ha explicado que, tras la presentación de las propuestas técnicas y económicas, la oferta presentada por PMI Norteamérica S.A. de C.V. ha resultado ganadora en ambas partidas «con el precio más bajo solvente», de entre las siete propuestas que se seleccionaron para la última fase.
El proceso, añade Pemex en una nota de prensa, ha sido «totalmente transparente y auditable» y se realizó «con estricto apego a las normas aplicables».
La adjudicación se ha conocido tras sucesivos retrasos en la fecha para hacer público el fallo, que inicialmente estaba previsto para septiembre de 2013, se aplazó a noviembre y, posteriormente, al 6 de diciembre, para volver a cambiar la fecha y fijarla en el 30 de diciembre. No obstante, la empresa justificó un nuevo retraso, hasta el 28 de enero de 2014, por la «imposibilidad» de emitir «en tiempo y forma» la resolución.