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domingo, 27 noviembre 2022

La familia del menor transexual se querellará contra el obispo de Málaga y el colegio San Patricio

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La familia del menor transexual que se siente niña presentará este viernes una querella contra la directora del colegio San Patricio, como responsable del mismo; y contra el obispo de Málaga, en su calidad de presidente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, de la que depende el centro, al entender que se ha cometido un delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio.

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa el abogado que representa a la familia de Gabi, Oliver Roales, quien ha sostenido que se da el tipo penal, que contempla entre seis meses y dos años de prisión e inhabilitación; y que ha habido discriminación, ya que «no se le ha tratado como al resto de las niñas», apuntando que las dos personas contra las que se dirige la querella «conocían desde casi el principio y a la perfección la condición de transexual de la menor», ya que se aportaron los informes correspondientes.

Los progenitores decidieron hace unas semanas cambiar de centro educativo ante la situación en la que no podía vestir como niña «insostenible para la menor y para los padres», quienes, según el letrado, «en ningún momento quieren hacer de esto una cruzada» ni buscan una reparación económica ni que se le readmita, sino «que quede claro que se ha cometido una injusticia, que ella no es responsable de que haya tenido que salir del colegio, que no tiene ningún defecto» y que ellos han luchado «por su dignidad».

Roales ha asegurado que ha habido una «discriminación clara» y que «había que tratarla como una niña, no porque me lo invente yo, los padres o la propia Gabriela, sino porque existen informes de todo tipo que así lo acreditan». El abogado ha apuntado que «no tienen relevancia los genitales que tenga un transexual para que se le trate de una manera u otra», al tiempo que ha insistido en que «no se puede acreditar una fundamentación razonable para seguir tratándola como un niño».

Sobre la denegación de servicio público, ha dicho que existió, explicando que consta en un informe fruto de una de las reuniones con los representantes del centro la respuesta «en el hipotético caso de que la menor se presentara con falda, a lo que el secretario técnico de la fundación contesta que no le impedirían la entrada, pero una vez dentro la acogerían en una sala y llamarían a la madre para hacerle ver que no lleva el uniforme adecuado, evitando de esta manera su incorporación al aula con el grupo».

El letrado ha insistido en que no hay una discrepancia ideológica con el centro educativo y «en ningún momento» los padres han querido que se le retirara el concierto al colegio, reiterando que no se pretende un resarcimiento económico, aunque ha apuntado que en su momento se verá si se pide indemnización, si se han producido secuelas. Ha añadido que, además, «puede haber otros niños que en el futuro puedan verse beneficiados». Desde la Fundación han rehusado hacer declaraciones sobre la querella.

DILIGENCIAS Y OTRAS ACTUACIONES Respecto al archivo de las diligencias que inició la Fiscalía, el letrado ha indicado que no supone un freno para que esta querella pueda salir adelante, ya que la investigación se cierra antes de que, en su opinión, «se hubiera consumado el delito», que se produce, a su entender, «en el momento en el que a Gabriela se le termina de expulsar del colegio porque la situación no puede estirarse más». Ha dicho tener «total confianza en que la Fiscalía va a estar a nuestro lado».

Se ha referido a las declaraciones del obispo en las que, a su entender, se llegaba a imputar un delito a la madre, y ha indicado que se planteó una demanda de conciliación, paso previo necesario para presentar una querella por injurias y calumnias. Ha explicado que si en ese acto de conciliación, que podría celebrarse en un mes o mes y medio, «el señor obispo no se retractara» cabría la posibilidad de presentar dicha querella.

Asimismo, ha aludido a las declaraciones del obispo, tras cerrarse la investigación del ministerio público, sobre que «el fiscal general del Estado había mandado a la fiscal de Málaga que archivara las diligencias» y, además, apuntó, «que le habían comunicado el archivo dos semanas antes». Ha dicho que debe ser «una incongruencia o un error por parte del obispo», manifestando su «total confianza» en el fiscal general del Estado.

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