Llama a vigilar que no cobren cuotas «disimuladas» pagadas por las comunidades autónomas.
La CEOE ha elaborado un documento de «principios y propuestas» con el objetivo de que sus intereses sean tenidos en cuenta cuando las comunidades autónomas adapten la nueva Ley de Cámaras a su normativa, empezando por definir claramente lo que son actividades públicas y privadas para evitar una «nacionalización» de algunas de sus competencias.
El documento fechado este mes de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que la Ley de Cámaras, que establece desde el pasado mes de abril el nuevo régimen normativo de estas instituciones, incluye el mandato de que las comunidades autónomas adapten este texto a su ámbito antes del 31 de enero de 2015.
Para aprovechar este trámite, la CEOE creó el pasado mes de abril un grupo de trabajo para guiar las propuestas de las organizaciones empresariales durante este proceso, ante el temor de que las Cámaras de Comercio ganen de algún modo cuota en detrimento suyo.
En el documento elaborado a tal fin la CEOE empieza por precisar cuál debe ser la naturaleza, régimen jurídico y finalidad de cada organización representativa de las empresas. Según la patronal, es «conveniente delimitar claramente las funciones de representación propias de las organizaciones empresariales de la naturaleza asignada a las Cámaras», puesto que no hacerlo «supondría solapamiento con la representatividad propia de las organizaciones empresariales, que son entes de relevancia constitucional».
Por ello, propone que las actividades a desarrollar por las Cámaras Oficiales de Comercio se lleven a cabo «sin perjuicio de la libertad sindical y de asociación empresarial, y de las facultades de representación de los intereses de los empresarios que son propias de este tipos de asociaciones».
En el mismo tono, la CEOE considera que las leyes autonómicas «han de ceñirse al catálogo de funciones público-administrativas establecidas en la Ley de Cámaras evitando así modificaciones y ampliaciones» en un catálogo de actividades que, según asegura, «es de por sí demasiado extenso, descriptivo y farragoso».
TEMOR ANTE LA «NACIONALIZACIÓN» DE LA REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL.
Otro de los puntos que toca el documento, es la necesidad de garantizar la libre competencia en la prestación de funciones de carácter privado por parte de las Cámaras. Así, CEOE quiere imposibilitar que éstas organizaciones hagan uso de los recursos físicos y humanos adscritos a la prestación de servicios públicos para la prestación de servicios privados.
También llama a que las Cámaras lleven una contabilidad diferenciada para los recursos destinados a las funciones públicas y privadas y quiere establecer un régimen sancionador por incumplimiento de estas obligaciones.
Más aún, CEOE asegura que «existe una publificación de actividades que se califican de funciones público-administrativas, cuando tradicionalmente han venido siendo ejercidas por entidades privadas, lo que supone una especie de nacionalización de esas actividades de las que se excluiría a las organizaciones empresariales».
En este punto, la patronal insiste y considera conveniente aclarar que las funciones público-administrativas de las Cámaras, que posiblemente tendrán traslado en la normativa autonómica, «se entienden sin perjuicio de las labores realizadas en el ámbito de estas funciones por las organizaciones empresariales y, por tanto, se debe dejar claro que no se desarrollan con exclusividad».
EVITAR EL COBRO DE CUOTAS «DISIMULADAS».
El documento de CEOE entra también en el capítulo de la financiación y recuerda que la ley estatal actual no contempla las subvenciones como fuente de ingreso, después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero diera el primer paso para suprimir la cuota cameral.
Ahora, la patronal quiere que esta supresión se traslade a la regulación autonómica para asegurarse de que las Cámaras no cobren subvenciones que se «disimulen» a la sombra del artículo 19 de la nueva Ley que establece la posibilidad de obtener ingresos «por cualquier otro procedimiento de conformidad con el ordenamiento jurídico».
En todo caso, indica que las asignaciones económicas que las comunidades autónomas puedan acordar con las Cámaras como prestación por el desarrollo de funciones «que no sean exclusivas de las mismas» deberán otorgarse a través de un proceso de selección de «libre concurrencia», que valore lasa capacidades y el menor coste para llevarlas a cabo.