La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado este martes con un amplio respaldo –de PP, PSOE, UPyD, CiU y PNV– el proyecto de ley de Medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, que supera así su primer trámite parlamentario y que ahora continuará negociándose en el Senado, de donde podría salir el próximo mes de octubre.
Finalmente, el texto del Gobierno ha quedado modificado con ocho enmiendas transaccionadas a partir de propuestas de PSOE, CiU y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que también ha ‘colocado’ una enmienda en sus términos literales. Asimismo, se ha incorporado la docena de cambios registrados por el PP.
La norma, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo en forma de decreto pero que posteriormente se transformó en proyecto de ley para poder incorporar modificaciones a propuesta de la oposición, busca flexibilizar los trámites durante el preconcurso de acreedores para facilitar que empresas viables pero altamente endeudadas sobrevivan y mantengan sus puestos de trabajo.
SALVAR EMPRESAS VIABLES
Así lo ha recordado la ‘popular’ Pilar Marcos, que ha valorado tanto el respaldo inicial mostrado por los grupos durante la convalidación del decreto como su disposición en los últimos meses a la negociación de este proyecto de ley «oportuno» y «necesario».
«Hay que intentar salvar a todas o al mayor número de empresas viables pero con problemas de deuda financiera, porque hasta ahora la rigidez les abocaba al único camino del concurso, que mayoritariamente desembocaba en la liquidación», ha insistido, asegurando que el «clima de entendimiento» se mantendrá en el Senado.
LEY CONCURSAL TAMBIÉN PARA PYMES
El exministro socialista Jesús Caldera ha coincidido en la importancia de una reforma de estas características, que permitirá luchar mejor contra la «tremenda herencia» de «destrucción de empleo y empresas» que dejará la crisis económica como consecuencia del alto endeudamiento del sector privado, que a su juicio sigue siendo el «principal lastre» para conseguir una «recuperación sostenida».
«Cualquier mecanismo que favorezca la supervivencia de empresas con una carga financiera excesiva pero viables mediante un abanico más amplio de fórmulas de refinanciación tendrá un impacto muy positivo sobre el empleo», ha dicho, reclamando no obstante que se «mantenga la supervisión» de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) sobre los ‘hedge fund’ que quieran ejecutar ciertas operaciones de compra.
Al margen de este tema, la principal preocupación del PSOE –y condición ‘sine qua non’ para apoyar el proyecto– era la inclusión de una disposición instando al Gobierno a crear un código de buenas prácticas voluntario para que las entidades financieras ofrezcan a las pymes y los autónomos «un menú de opciones estandarizadas» para la refinanciación o reestructuración de sus deudas. Es decir, una especie procedimiento concursal voluntario específico para este tipo de compañías de pequeño tamaño.
Además, Caldera también ha lamentado que las «grandes olvidadas» de la iniciativa sean las familias, para las que también ha pedido un «marco regulatorio eficaz» ante la insolvencia personal sobrevenida y el impago de créditos –particularmente los hipotecarios–, que les permita tener una segunda oportunidad.
POSITIVO AUNQUE POCO
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, también cree que esta ley es «importante para salir de la crisis» y para evitar que la liquidación sea «el resultado ineludible» para las empresas sobreendeudadas, y ha reconocido que con la nueva redacción «se mejora la situación presente», aunque a su juicio «se podía haber ido más allá».
Y es que el diputado magenta lamenta que hayan quedado fuera «cuestiones importantes» como la inclusión explícita de la condonación de deuda en circunstancias excepcionales o el régimen de segunda oportunidad para personas físicas, y también critica que no se haya ido más lejos en otros asuntos como la protección de quienes han respaldado con su patrimonio personal (sobre todo la vivienda) sus negocios.
Su homólogo de CiU, Josep Sánchez Llibre, también confía en el impacto positivo que tendrán los cambios en la Ley Concursal tanto en el ámbito de la actividad económica como del empleo, y ha deseado que en el Senado se pueda «llegar a acuerdos sobre mejoras relevantes» que ahora no se han incluido, como por ejemplo la posibilidad de que los créditos de Hacienda o la Seguridad Social no tenga prioridad de cobro en casos «específicos» como cuando suponen ejecutar bienes imprescindibles para la actividad empresarial.
Por el PNV, Emilio Olabarria también ha pedido que los «privilegios» de los acreedores públicos se vean «matizados» o incluso «replanteen su posición» con respecto al resto de acreedores. «Es una posición de justicia elemental», ha añadido.
DESPROTECCIÓN DE LOS CRÉDITOS LABORALES
Las mayores dudas con este proyecto de ley las ha expresado el portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, que comparte la necesidad de facilitar los acuerdos de reestructuración de deuda para contribuir a la continuidad de las empresas, pero teme que algunos de los cambios tengan «efectos colaterales muy perniciosos», lo que explica su abstención.
En particular, el diputado catalán se ha referido al tratamiento que se da a los ‘fondos buitre’, que quedan equiparados a las entidades financieras pese a que éstas están sometidas a un mayor control, lo que hará que «el gran beneficiario» de la norma sean estos ‘hedge funds’, que están comprando empresas «a precio de saldo».
Y, por otra parte, Coscubiela cree que los créditos laborales –es decir, los que la empresa tiene con sus trabajadores por salarios no abonados, por ejemplo– quedarán «desprotegidos» al no gozar de prioridad de cobro, lo que en muchos casos significará que los trabajadores no lleguen a recuperar su dinero, lo que a la postre conllevaría un mayor coste para el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) que debería asumir esas deudas.
Tras expresar su alivio por la decisión del PP de mantener la protección a los créditos públicos –a juicio de Coscubiela, eliminar esto conllevaría mayores perjuicios ya que Hacienda y la Seguridad Social dejarían de ser flexibles con sus cobros como hacen actualmente, aplazando deudas, lo que anticiparía las quiebras–, el diputado de ICV ha esperado que el problema de los créditos laborales se puedan solucionar en el Senado.
El portavoz de Economía del PP, Vicente Martínez-Pujalte, ha subrayado su convicción de que «no hay ningún arrastre de acuerdos financieros sobre los créditos laborales por lo que no se pierde ningún derecho», aunque ha reconocido que sí se produce una «cierta laguna interpretativa» sobre la ejecutabilidad de los créditos laborales en la fase de preconcurso.
Sin embargo, pese a su disposición, no ha sido posible ofrecer un texto de consenso a la Izquierda Plural y el PP ha decidido mantener su «posición de ‘stand by'» para que sea su grupo parlamentario en el Senado el que continúe las conversaciones sobre este ámbito, en aras de lograr un acuerdo.
Dado que la Comisión de Economía del Congreso tiene competencia legislativa plena, el proyecto será ahora enviado al Senado. El ponente ‘popular’ en la Cámara Alta, el senador Juan Manuel Jucal, ha señalado este martes en la Jornada Prácticum Concursal organizada por Thomson Reuters-Aranzadi que su tramitación será «rápida» y confía en que en octubre podrá ya estar aprobada «con toda su vigencia».