No contemplan el ejercicio activo de acciones ante las movilizaciones convocadas por los grupos provida.
Los obispos españoles han señalado la «grave responsabilidad» del Gobierno ante la decisión de retirar anteproyecto de Ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Así lo ponen de manifiesto en una nota acordada por la CCXXXIII Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y leída por su secretario general y portavoz, José María Gil Tamayo.
«Proteger y defender la vida humana es tarea de todos, principalmente de los Gobiernos. España sigue siendo, por desgracia, una triste excepción, al llegar incluso a considerar el aborto como un «derecho» –aseguran–. En este sentido, es especialmente grave la responsabilidad de quienes, habiendo incluido entre sus compromisos políticos la promesa de una ley que aminoraba algo la desprotección de la vida humana naciente que existe en la vigente normativa del aborto, han renunciado a seguir adelante con ello en aras de supuestos cálculos políticos. Hay bienes, como el de la vida humana, que son innegociables».
De este modo, los obispos desean «de nuevo hacer oír su voz» y recalcan que la vida humana es «sagrada e inviolable y ha de protegerse desde la concepción hasta su fin natural». En esa defensa, según asegura, ocupan un lugar privilegiado los más débiles: «aquellos que habiendo sido ya concebidos no han nacido todavía». «La ciencia prueba que desde el momento de la concepción hay un nuevo ser humano, único e irrepetible, distinto de los padres», enfatizan.
Además, añaden que no se puede construir una sociedad democrática, libre, justa y pacífica, si no se defienden y respetan los derechos de todos los seres humanos fundamentados en su dignidad inalienable y, especialmente, el derecho a la vida, que es el principal de todos.
En todo caso, precisan que Iglesia conoce bien los sufrimientos y carencias de muchas personas a las que «se esfuerza en ayudar en todo el mundo con el ejercicio de la caridad», al tiempo que reconocen que, como advierte el Papa Francisco, aún ha de hacer más «para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias».
«En ello están empeñadas muchas asociaciones eclesiales y civiles, a las que queremos apoyar al tiempo que pedimos a las Administraciones públicas un esfuerzo más generoso en políticas eficaces de ayuda a la mujer gestante y a las familias», reconocen.
Los obispos españoles subrayan también que no es momento, «por difícil que pueda parecer», para la desesperanza y el desencanto democrático ante «reveses legislativos». Por ello, recuerdan que son numerosos los voluntarios y las organizaciones de apoyo a la vida, promoción de la mujer y de solidaridad con los más necesitados de la sociedad, que les animan a seguir adelante para extender la «civilización del amor y la cultura de la vida».
En esta línea, aseguran que estos movimientos impulsan a abrazar sin condición a todos, especialmente a los que más sufren, como son los más pobres, los inmigrantes, los parados, los sin techo, los enfermos y todos aquellos, en definitiva, que se encuentran en las periferias sociales y existenciales. «Y por supuesto, acompañar sin descanso a las madres embarazadas para que, ante cualquier dificultad, no opten por la «solución» de la muerte y elijan siempre el camino de la vida, que es el de la realización más plena de la verdadera libertad y progreso humano», concluyen.
LOS CÁLCULOS POLÍTICOS
«Lo de cálculos políticos, a buen entendedor… pocas palabras bastan. El mismo presidente del Gobierno, a la hora de anunciar la retirada, hablaba de consensos», ha detallado Gil Tamayo, para después agregar que el Ejecutivo no ha informado a la CEE de forma «directa» sobre las razones que le han llevado a tomar esa decisión.
Sobre si la retirada de la ley del aborto ha modificado las relaciones con el Gobierno, ha asegurado que «no ha modificado nada» porque «no ha habido ningún contacto con la CEE» desde el encuentro que tuvo el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, con la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, el 29 de julio. «No ha habido ninguna manifestación, en ese sentido, que nos haga dudar de la disposición a colaborar, que, por otra parte, es el mandato constitucional que tiene el Gobierno, ha indicado.
Asimismo, sobre las movilizaciones convocadas por los grupos provida y si la Iglesia hará un gesto de apoyo a las mismas, ha señalado que la CEE «no va a tomar formas políticas», por lo que los obispos no contemplan el «ejercicio activo de acciones».
«Pasar al ejercicio de acciones concretas no es su tarea, sino es tarea de los laicos y de las organizaciones unas católicas y otras no, pero todas de iniciativa ciudadana», ha recalcado, para después agregar que la CEE «se va a mover en el ámbito que establece la iluminación de la moral y de la doctrina de las situaciones concretas, pero al mismo tiempo con un respeto exquisito y sin traspasar lo que es propio de la autonomía de los fieles cristianos».
En relación con el hecho de que estos movimientos hayan pedido que no se vote al PP, Gil Tamayo ha dicho que los obispos españoles y, en especial desde el comienzo de la Transición «nunca han dicho a quien se tiene y a quien no se tiene que votar». «No se puede identificar nunca la opción de la Iglesia con ningún régimen político», ha apostillado.
SOBRE MUNILLA Y REIG PLA
Preguntado sobre las declaraciones a este respecto del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, y del presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, Gil Tamayo ha recordado que él es portavoz de la CEE «en su conjunto y no de ninguna Diócesis en concreto ni de ningún obispo».
«Nunca entraré a valorar las manifestaciones de un obispo y sobre todo cuando lo hace desde su condición de obispo de una Diócesis y dirigido a su fieles», ha enfatizado, después de que ambos hayan hecho declaraciones sobre la reforma de la ley del aborto.