La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, considera «muy dudosa» la disposición adicional que introdujo el Congreso al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana para legalizar las devoluciones en caliente y espera que la tramitación en el Senado conlleve una modificación «aceptable» del texto.
«La ley de seguridad introduce una disposición adicional dudosa, muy dudosa, en relación con los grupos de personas que intentan entrar de forma no regular. Afortunadamente, se va a debatir una modificación de esa disposición adicional que cambia la situación radicalmente y va a hacer viable y posible que las personas puedan solicitar asilo de una manera pacifica y acorde con la ley», ha señalado.
En rueda de prensa en el Congreso, donde ha hecho entrega del informe anual de la institución, Becerril ha comentado que esa modificación, que introduce la salvedad de que estas devoluciones se realicen «en todo caso» de acuerdo a los derechos humanos, «parece aceptable para instituciones como ACNUR, que se ha preocupado de ello». «Nosotros, cuando se apruebe, si es que se aprueba, daremos nuestra opinión, pero desde luego cambia las circunstancias y las cambia a mejor», ha sentenciado.
Con todo, Becerril ha reiterado su posicionamiento respecto a esta práctica que la reforma legislativa denominará «rechazo en frontera», y es que «las personas que están en la valla ya están en territorio español y tienen que ser tratados conforme a la legislación vigente».
«La inmigración y la entrada irregular nos ha ocupado a lo largo de todo el año. Hemos ido dando cuenta de todas nuestras actuaciones, pidiendo información a la administración de justicia o a la Fisacalía en muchos casos, que siempre nos contesta, y mantenemos nuestra firmeza en la defensa de los Derechos Humanos y nuestra posición sobre las fronteras españolas y de la Unión Europea en Ceuta y Melilla», ha señalado.
OFICINAS DE ASILO
Sobre las oficinas para recoger peticiones de protección internacional que el Ministerio del Interior prevé inaugurar próximamente en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, ha dicho que la institución «va a vigilar y estar atenta a cómo son estos centros de acogida», ha celebrado que «la Unión Europea ha facilitado medios» para su construcción y ha afirmado que en todo caso, es «un paso adelante».
En relación a lo acontecido este año en materia de migraciones, con varios agentes y mandos de la guardia civil imputados en distintos procedimientos en Ceuta y Melilla a raíz tanto de la tragedia de El Tarajal como de las devoluciones en caliente, Becerril ha incidido en que sobre casos bajo proceso judicial, el Defensor del Pueblo no puede pronunciarse.
En este sentido, el informe recoge cómo tras abrir actuaciones por estos sucesos, una sobre las muertes camino de la playa ceutí de El Tarajal y al menos otras dos sobre devoluciones en la valla melillense, estas se han suspendido al pasar los casos a manos de un juez. No obstante, sí ha elevado recomendaciones y recordatorios de deberes legales tanto al Ministerio del Interior como a la Guardia Civil en relación a la gestión de las migraciones.
RECOMENDACIONES
En noviembre de 2013, elevó dos recomendaciones al departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. Una, para que retirase el alambre con cuchillas que corona las vallas fronterizas y lo sustituyera por «un mecanismo no cortante», pero conforme ha reconocido Becerril, el ministerio «no ha hecho mucho caso, todavía».
La otra recomendación era para que dictase instrucciones a la Guardia Civil recordándoles «que cuando se intercepte a un extranjero que intente entrar irregularmente, la respuesta de los agentes de la Guardia Civil debe ser su puesta a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, para que se incoe el oportuno expediente administrativo previsto en la legislación de extranjería». Tampoco fue aceptada.