El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha insistido en que respeta «mucho» la opinión de cualquier colectivo y, más en concreto de la Conferencia de rectores españoles (CRUE), si bien ha subrayado que el decreto de reforma de los grados «no contempla ningún plazo».
En declaraciones a los medios después de reunirse con los portavoces del Grupo Popular de Educación, Cultura y Deporte en el Congreso, Wert ha explicado que «más que de una moratoria» habría que hablar de «automoratoria» puesto que son las propias universidades las que tienen la capacidad de ofertar los grados de tres años.
«La moratoria será la que se derive de su acción o inacción pero no tiene nada que ver con el decreto, que como digo no establece plazo alguno», ha remarcado.
En todo caso, Wert no ve que «esos desencuentros (con los rectores) no tengan que desacreditar a nadie» porque «al final» la cuestión se aclarará «en breve» y se verá qué universidades presentan la verificación y grados de tres años. «Algunas universidades ya han anunciado que lo van a hacer», ha apostillado.
ALINEAR EL SISTEMA ESPAÑOL CON LA UE
Cuestionado sobre el hecho de que los rectores le acusen de no hacer una política de ahorro y sí de recortes, el responsable ministerial ha resaltado que en este caso no se habla «ni de una política de ahorro ni de una de recortes», sino de alinear el sistema universitario español con el de la UE.
«Cuando se ha presentado el decreto se ha dicho con claridad que se trata de alinear nuestra oferta del sistema universitario, en lo que se refiere al grado, con lo que es el sistema que se aplica a aquellos países con los que tenemos relación universitaria más estrecha, que son los países centrales de la UE», ha explicado.
Así, ha reiterado que, desde ese punto de vista, no se habla ni de recorte ni de ahorro, sino de configurar este nuevo sistema de grados «con una flexibilidad mayor para las universidades», que son las que tienen la capacidad de aplicarla.
«Una vez que existe el cauce serán las propias universidades las que decidan la velocidad a la que la adoptan, si es que la adoptan. El decreto tiene naturaleza dispositiva y son las propias universidades las que deciden aplicarlo cómo y cuándo», ha sentenciado Wert en el Congreso.