La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, presentará este martes 9 de junio en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo un balance de sus actuaciones durante este primer semestre de 2015, a la vez que expondrá las conclusiones del informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y de los estudios monográficos ‘La escucha del menor, víctima o testigo’ y ‘La situación de los presos españoles en el extranjero’.
El estudio ‘La escucha del menor, víctima o testigo’ analiza la posición jurídica del menor y su derecho a ser escuchado en tres momentos claves del proceso penal: la sede policial, la preconstitución de la prueba y el juicio oral.
Fue remitido a las Cortes en mayo y, en él, Becerril urge a los parlamentarios a actuar para que los menores sean escuchados en los juicios. Plantea también medidas para favorecer entornos que disminuyan en lo posible el impacto emocional que sufren los menores cuando tienen que declarar o testificar.
A su vez, recomienda instalar sistemas de videoconferencia y salas específicas en edificios judiciales que permitan al menor prestar declaración en un entorno adecuado y acompañado por personas de su confianza, al mismo tiempo que aboga por utilizar un lenguaje «comprensible» y que no intimide al menor.
La Defensoría ve necesario la adopción de medidas para que los menores víctimas de delito no coincidan en sede policial con los presuntos autores, a la vez que insta a reforzar las oficinas de asistencia a las víctimas y que éstas cuenten con una persona que pueda acompañar a los menores a lo largo de todo el proceso penal.
Este estudio formula recomendaciones para que las administraciones den cumplimiento al nuevo Estatuto de la Víctima en relación a la escucha del menor, víctima o testigo, tras comparar la legislación nacional con los principales estándares internacionales y europeos.
ESPAÑOLES PRESOS
Becerril presentará también este martes el informe ‘La situación de los presos españoles en el extranjero’, en el que analiza 224 expedientes de españoles que cumplen condena en cárceles de 27 países.
En total, a finales de 2014, 1.735 ciudadanos españoles cumplían condena en otros países, principalmente (en cuatro de cada cinco casos) por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
En el informe recomienda regular los supuestos en los que los españoles que estén presos en cárceles extranjeras y carezcan de recursos puedan recibir asistencia jurídica de forma gratuita por parte de España, y crear servicios para llevar a cabo esta labor en los consulados españoles en países iberoamericanos.
Becerril pone de manifiesto en el texto las quejas de los internos, de sus familias y de las ONG que trabajan con este colectivo, principalmente en lo que se refiere a la «demora» en los expedientes de traslado para cumplir sus condenas en España y la existencia de «dificultades procesales» durante el desarrollo de los juicios.
Por ello, pese a la «importante labor asistencial y humanitaria» que, según la defensora, realizan los consulados españoles y las ONG, considera «necesario» reforzar los medios humanos y materiales de los consulados en los países donde el número de presos españoles es mayor, así como mejorar los canales de comunicación disponibles entre los reclusos, sus familias y las autoridades consulares, según ha indicado.
Igualmente, recomienda establecer planes de ayuda para quienes se encuentran en régimen de libertad condicional o provisional y que, por tanto, no pueden abandonar el país en el que cumplen condena.