La Junta de Andalucía ha elevado al Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México Minorbis, la resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la administración andaluza que suspende de modo «eventual» la mencionada adjudicación, una paralización derivada precisamente de la causa judicial en curso.
La resolución, firmada el 19 de mayo por la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asencio Coto, y recogida por Europa Press, da cuenta del auto emitido el 7 de mayo por el Juzgado de Instrucción número tres, con la alusión a la posible comisión de «graves irregularidades» en el proceso de adjudicación saldado con el fallo del concurso en favor de la agrupación empresarial México Minorbis, contra la que competía Emerita-Forbes Manhattan, promotora de la denuncia de la que parten las actuaciones.
«Dicho auto acuerda la práctica de una serie de diligencias probatorias, consecuencia de que en el atestado policial se revelaban, a juicio de la Policía Judicial, la concurrencia de hechos acaecidos durante el procedimiento del concurso calificados como irregularidades graves, al menos indiciariamente», expone la resolución de la directora general de Industria, Energía y Minas, que merced a la «necesaria estabilidad de la posición de todos los interesados», resuelve emprender «un procedimiento para la eventual suspensión» de la resolución previa de fecha 25 de febrero relativa a la adjudicación del concurso a la agrupación empresarial México Minorbis.
El nuevo procedimiento administrativo acordado por la Junta de Andalucía, ese sentido, estipula que «no empiecen a correr los plazos, derechos y obligaciones que para la administración y la concesionaria se derivarían».
OTRA VEZ LA MINA DE AZNALCÓLLAR
La causa, como es sabido, deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998. Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis.
Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude. Emerita, entre otros aspectos, señala que su oferta de inversión fue de 641,5 millones de euros frente a los 304,6 millones de euros ofrecidos por Minorbis.
Merced a dicha denuncia, la juez Patricia Fernández Franco ha apreciado «graves irregularidades» en el proceso de adjudicación y ha ordenado tomar declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asencio Coto, dado que la Administración andaluza no se habría atenido «al más mínimo rigor» a la hora de adjudicar los derechos de explotación de la mina, interesándose además la juez por el motivo por el cual el grupo empresarial adjudicatario de los derechos no fue «descalificado» del concurso internacional al «fallar en el cumplimiento de los requerimientos básicos medioambientales».
El Gobierno andaluz, de su lado, esgrime un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía que defiende que el procedimiento de adjudicación «se ha ajustado a derecho», estando regido por la legislación minera y la Ley de Contratos Públicos. El informe, entre otros aspectos, expone el «cumplimiento de los trámites» obligados para un concurso de esta naturaleza, toda vez que un informe paralelo de los servicios jurídicos de la Junta avala también la adjudicación.
LA CATÁSTROFE DE 1998
La mina de Aznalcóllar, recordémoslo, fue abandonada después de la tristemente famosa catástrofe medioambiental de 1998, cuando la balsa de residuos de metales pesados asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufrió una fractura que provocó un vertido masivo de lodos tóxicos a todo el área de influencia del río Guadiamar.
La Junta de Andalucía, tras mantener la mina en barbecho más de tres lustros y esgrimiendo las altísimas tasas de paro de la comunidad autónoma y de la comarca de Aznalcóllar, promovió finalmente un concurso internacional destinado a ofrecer de nuevo los derechos de explotación del complejo minero, de casi 950 hectáreas de superficie y con unas reservas constatadas de 35 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, principalmente cobre, plomo y zinc, además de oro y plata, y recursos probables por otros 45 millones de toneladas.