Buruaga recalca que ningún extranjero en situación irregular sin recursos ha sido privado de atención sanitaria gratuita en Cantabria
. El PP cántabro considera un «fraude» el anuncio de la universalización de la asistencia sanitaria hecho este lunes por el Gobierno regional, con la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de la orden que regula la asistencia sanitaria a extranjeros en situación irregular en la región, y ha alertado además de que la misma «reabre la puerta cerrada al turismo sanitario».
Según ha afirmado María José Sáenz de Buruaga, diputada regional del PP y exconsejera de Sanidad, es la propia orden la que «pone en evidencia el engaño» de su sucesora en la Vicepresidencia, la socialista Rosa Eva Díaz Tezanos, que «no ha cumplido lo prometido».
En este sentido, la dirigente ‘popular’ señala en un comunicado que el anuncio de devolver el derecho y la tarjeta sanitaria a los irregulares en la región «se ha quedado tan solo en eso, en un anuncio», ya que «el propio articulado de la orden deja bien claro que, en ningún caso, los extranjeros irregulares adquieren la condición de asegurado ni recuperan ningún derecho».
En este sentido, Sáenz de Buruaga ha indicado que, tal y como venía advirtiendo el PP, el Real Decreto Ley 16/2012 es una ley de «obligado cumplimiento» que vincula el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria -que corresponde otorgar al INSS y no al servicio de salud de ninguna comunidad autónoma- a la condición de asegurado; «condición y derecho que no confiere» al colectivo de inmigrantes irregulares y que el Gobierno de Cantabria «no puede reconocer en contra de la Ley».
La orden emanada de la Consejería de Sanidad «se encarga de dejar bien clara la manipulación» del Gobierno, según ha señalado Buruaga, porque «el documento que se proporciona a los irregulares no es la tarjeta sanitaria individual sino que el único documento del que dispondrán es el mismo documento acreditativo, ahora plastificado, que se emitía al amparo del anterior Programa de Protección Social de la Salud Pública, implantado por el Gobierno de Ignacio Diego».
La parlamentaria del PP ha dicho que, «para no persistir en el engaño», la actual consejera de Sanidad, María Luisa Real, debería aclarar al colectivo de extranjeros irregulares que este documento «no es la misma tarjeta sanitaria ni produce los mismos efectos que la que tienen el resto de usuarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) o la propia consejera», puesto que «no contiene los datos básicos y comunes que ha de contener la tarjeta sanitaria individual» y porque, a diferencia de ésta, «carece de validez en el resto del SNS y no permite el acceso a los centros y servicios sanitarios fuera del la comunidad autónoma en los términos previstos en la ley».
Para la extitular de Sanidad, «esta orden no nace para universalizar la atención sanitaria, sino como un mero golpe de efecto, un gesto de cara a la galería, para negar primero y hacer desaparecer después el programa aprobado por el PP y hasta ahora vigente, que garantizaba la asistencia sanitaria a los irregulares sin recursos suficientes».
TURISMO SANITARIO
Por otra parte, María José Sáenz de Buruaga ha alertado de que esta orden, que «es una mala reproducción» del Programa de Protección Social de la Salud Pública, reabre la puerta cerrada al turismo sanitario», extendiendo la asistencia sanitaria gratuita a los irregulares que permanezcan más de tres meses en la comunidad autónoma con independencia de su nivel de recursos económicos.
Ese es, según ha dicho, el «único efecto inmediato» de las «dos novedades relevantes» que se han introducido respecto al programa anterior: la reducción del plazo mínimo de empadronamiento de los seis meses actuales a tres, «hecho que favorece el efecto llamada en detrimento del arraigo o un vínculo estable de permanencia en la región»; y la supresión del requisito relativo a los ingresos económicos, eliminando la exigencia de no disponer de ingresos superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en cómputo anual (532 euros al mes).
La dirigente del PP ha lamentado que «en su obsesión por echar por tierra todo lo que proviene del Gobierno anterior» del PP, los responsables del PSOE y del PRC «vuelven a la política del disparate, como que los ciudadanos cántabros paguen con sus impuestos la asistencia sanitaria que reciban en la comunidad autónoma los extranjeros con alto poder adquisitivo que aprovechen su estancia o vengan a la comunidad autónoma a operarse».
Asimismo, Buruaga ha alertado de que la orden de la Consejería, «lejos de mejorar la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular sin recursos suficientes, recorta sus prestaciones sanitarias al eliminar deliberadamente el derecho de derivación del paciente a centros de referencia fuera de nuestra comunidad autónoma en caso de necesidad», como estaba recogido «expresamente» en el programa anterior.
LA ATENCIÓN SANITARIA SIEMPRE HA ESTADO GARANTIZADA
Finalmente, Sáenz de Buruaga ha insistido en que con el Gobierno del Partido Popular en la región «nunca la asistencia sanitaria, ni la urgente ni la no urgente, se vio condicionada a la inclusión en el Programa de Protección Social de la Salud Pública, porque siempre ha sido garantizada y priorizada».
«Ningún extranjero en situación irregular se ha visto privado de la asistencia sanitaria que ha precisado en nuestro servicio público de salud, del mismo modo que ninguno, sin recursos suficientes, ha recibido factura por dicha atención», ha recalcado Buruaga, quien ha pedido a la vicepresidenta regional «que deje de mentir y no se empeñe en tergiversar los datos para tener razón».
En este sentido, Sáenz de Buruaga ha lamentado que Díaz Tezanos parezca «hablar de oídas» u «omita deliberadamente» los datos oficiales que obran en el Servicio Cántabro de Salud y según los cuales «el 52% de los 4.810 titulares de las tarjetas que se dieron de baja en cumplimiento del Real Decreto Ley 16/2012 han regularizado su situación en nuestra comunidad autónoma y se encuentran por lo tanto aseguradas y están recibiendo asistencia sanitaria en condiciones de normalidad».
Asimismo, la diputada del PP ha tachado de «falsedad» la afirmación de la vicepresidenta cántabra sobre la existencia de españoles fuera del servicio público de salud. «Todos los españoles y residentes legales en España tienen garantizado el acceso como asegurados y si han salido fuera de España, cuando regresen», concluyó.