El director del departamento de Geología y Geofísica del Instituto Geológico y Minero (IGM), Roberto Rodríguez Fernández, ha asegurado este jueves ante el juez durante su declaración como imputado en la causa de Castor que la zona de Castellón es de «muy bajo riesgo sísmico», por lo que no consideraron que hubiera peligro de terremotos, según ha informado el letrado de la asociación Arca Ibérica, que ejerce de acusación popular, Jorge Casal.
El imputado, que ha prestado declaración ante el juzgado de instrucción número 4 de Vinarós en la causa abierta por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, ha respondido a las preguntas de las acusaciones y de su abogado, mientras que el resto de las defensas no han hecho preguntas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Según ha explicado Casal, el experto ha manifestado que el informe del IGM de 2007 relacionado con la aptitud de la infraestructura de Castor para servir de almacenamiento de gas, en el que él participó, se realizó sobre la base de la petición que realizó la Dirección General de Política Energética y Minas.
Dicho informe señalaba en su último punto que se reflejase si se apreciaba alguna cuestión técnica de interés. Al respecto, el letrado ha preguntado al imputado si no consideraba de interés el posible riesgo de actividad sísmica en la zona, a lo que éste ha respondido que no consideraban que hubiera peligro, puesto que según el mapa de peligro sísmico de España, la zona de Castellón es de «muy bajo riesgo».
Por otra parte, el responsable del IGM ha señalado que no se pronunciaron al respecto de las consecuencias que podría tener la inyección de gas porque no son expertos en esta técnica. No obstante, sí ha indicado que el origen de los terremotos fue dicha inyección de gas, que incidió sobre las fallas activas, cuya existencia no era conocida hasta ese momento, según el abogado de Arca Ibérica.
SE ANTICIPÓ EL MOVIMIENTO SÍSMICO
En este sentido, el imputado ha explicado que esas fallas iban acumulando energía progresivamente y, que al inyectar gas, se anticipó un movimiento sísmico que se hubiera producido igualmente con el tiempo aunque no se hubiera utilizado esta técnica.
Finalmente, ha subrayado que conocía el informe del Observatorio del Ebro que alertaba de posible riesgo sísmico en la zona relacionado con la falla de Amposta, aunque no valoraron el contenido al considerar que no tenía rigor científico y que dicha falla no era potencialmente activa, puesto que está sellada, según ha destacado el abogado de la acusación popular.
Tras la denuncia de la Fiscalía, el juez abrió la causa por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales e imputó a 18 personas. La denuncia de Fiscalía se dirigía, en concreto, contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, así como contra la mercantil Escal UGS.
En la causa están presentes la abogacía del Estado para representar a todos los funcionarios imputados, dos acusaciones populares -Arca Ibérica y Responsabilidad y Transparencia-, una acusación particular que representa a una perjudicada y dos abogados de Escal –uno para representar al presidente Recaredo del Potro y otro al resto de la empresa–, entre otros.
Los próximos cuatro imputados en declarar ante el juez lo harán los días 2, 3, 9 y 10 de noviembre, según ha informado el TSJCV.