La fiscal jefe de Cuenca, María Isabel Gómez, se ha referido a las filtraciones del sumario del caso de las muertes de Laura y Marina a cargo, presuntamente, de Sergio Morate, no descartando «emprender acciones» toda vez que se conozca quién ha llevado a cabo dichas filtraciones.
Así lo ha asegurado Gómez en una rueda de prensa en Cuenca, en la que, además, ha precisado que, aunque el secreto de sumario se levantó recientemente, el deber de sigilo sigue pesando «respecto a la totalidad de personas que intervienen en el procedimiento».
El Ministerio Fiscal mantiene la condición de imputado sobre Morate por su participación «en calidad de autor» de dos delitos de asesinato, así como el mantenimiento de la situación de prisión provisional y su enjuiciamiento que, «necesariamente», ha subrayado, ha de pasar por un tribunal del jurado.
En este punto, ha recordado que el Código Penal prevé márgenes de hasta 25 años de prisión por cada uno de los hechos, teniendo en cuenta «los agravantes y los atenuantes» y ha avanzado que la respuesta penal será la «adecuada y comprometida a la gravedad del hecho».
En cuanto a las diligencias previas pendientes de ser remitidas, aún faltan los informes de carácter técnico y científico de la autopsia, que deben acompañarse de otros que, «por cuestiones de tiempo no es factible tenerlos todavía», ha subrayado.
Todo ello, sin perjuicio de que las acusaciones particulares considerasen oportuno, desde sus posiciones procesales, practicar algún otro tipo de diligencia, «en función de cómo avancen las previstas», ha destacado.
Respecto a la situación de Sergio Morate, la fiscal jefe de Cuenca ha explicitado que el acusado sólo declaró en «una ocasión, cuando se solicitó la prisión provisional» y que, en fecha posterior, se practicó una diligencia judicial de entrada y registro de su domicilio en su presencia y la de su abogado.
En relación a A.E., excompañero de prisión de Sergio Morate, de nacionalidad colombiana y que ya prestó declaración ante la policía y en sede judicial y sobre el que la Fiscalía ha solicitado la incoación de un procedimiento judicial por un presunto delito contra la Administración de Justicia, Gómez ha matizado que, el hecho de que esté imputado en un procedimiento, no es óbice «para que pueda intervenir como testigo en otra distinta».
La fiscal jefe de Cuenca ha defendido que se está trabajando «en márgenes de celeridad bastante razonables» y que, dado que aún hay diligencias pendientes de tramitar, es «aventurado» avanzar si se agotará el plazo de dos años de prisión provisional o no.
El hecho de que en la causa se hayan personado dos acusaciones particulares más el letrado de la Junta de Comunidades, no tiene, ha defendido, por qué traducirse en «dilaciones dignas de reseñar».
Una vez practicadas y aportadas todas las diligencias, ha aseverado, será el momento de incoar formalmente el procedimiento, darle traslado a las partes para concretar la imputación formal y formular los escritos de acusación y calificación provisional.