Considera «imprescindible seguir ampliando el concepto de violencia de género» y abarcar realidades como la agresión sexual.
La Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, extrae un balance positivo de su gestión durante esta Legislatura. Afirma que «no ha sido fácil» gestionar este área en época de crisis económica y reconoce que «quizá se podría haber hecho más», pero incide en que «se han dado muchos pasos y muy bien dados». «No estamos peor que hace cuatro años y podría haber sido así», asegura.
En una entrevista con Europa Press, afirma que «a pesar de todo lo que se ha dicho, los recursos» contra la violencia de género «no sólo no han minorado sino que han mejorado». «Lo puedo decir con toda la honestidad del mundo y nos hemos encontrado con que los datos en relación al uso de los recursos existentes han sido los mejores, como el máximo histórico de llamadas al O16 o del uso de ATEMPRO», defiende.
En su opinión, «la línea estratégica» seguida durante la Legislatura «es bastante sensata, comprendiendo que las actuaciones se hacen paso a paso y que esto sólo se soluciona así, un paso tras otro». «Esta Legislatura se han dado los pasos que se han podido dar, pero lo importante es que han estado bien dados. Ojalá hubiéramos podido hacer más, pero yo habría hecho lo mismo, aunque mayor», apunta.
Hernández, que espera volver al puesto de letrada en las Cortes que ostentaba cuando fue nombrada Delegada del Gobierno, considera que «decir que se ha restado o retrocedido» durante estos años en violencia de género «sería una injusticia» porque «el enfoque ha sido bueno y las direcciones trazadas también, como visibilizar a otros grupos vulnerables, mejorar la coordinación o dar más participación a la sociedad civil».
No obstante, reconoce que hay compromisos que no se han cumplido, como monitorizar a las mujeres heridas por violencia de género para conocer ese otro impacto del maltrato, y retos que quedan pendientes para el siguiente Ejecutivo, como «la generalización de brazaletes» de localización de maltratadores porque, dice, «sigue habiendo cierta detracción en los ámbitos judiciales para usarlos».
También en el apartado de retos, señala la necesidad de «incidir en la detección precoz del maltrato», porque «el homicidio, el asesinato y la lesión se ven, pero nadie ve el insulto, el menosprecio o el control y las chicas, las que menos». «En la detección de las primeras señales en la juventud nos lo jugamos todo, pero también hay que seguir en lo que estamos, en más coordinación, más apertura a la discapacidad, más formación de agentes y más protección de víctimas», señala.
En materia normativa, defiende que «el marco legislativo se ha reforzado, mejorado, clarificado y se ha hecho con mucho rigor, con mucho hincapié en muchos aspectos de las leyes», ya que «al final se han reformado y trabajado 15 textos legislativos» y «ha habido un avance o un redondeo del círculo» en este sentido.
«AMPLIAR EL CONCEPTO»
Destaca medidas como incorporar a los hijos de las víctimas como sujetos de la protección de la Ley Integral, prohibir que un feminicida herede o cobre viudedad a cuenta de su víctima, garantizar el acceso de las mujeres a la justicia gratuita y a la asesoría previa a la denuncia, la ampliación de competencias civiles en los Juzgados de la Mujer o el Estatuto de la Víctima como garantía de derechos.
Con todo, incide en que «es imprescindible seguir ampliando el concepto de violencia de género» para incluir otras manifestaciones y en particular, la agresión sexual, partiendo de un estudio en profundidad sobre esta realidad en España –«me hubiera gustado poder hacerlo»–, que evalúe la situación porque «lo primero es un buen diagnóstico».
«Lo único que pudimos hacer fue incluir en la Macroencuesta del CIS sobre violencia de género otras manifestaciones y sí que nos salían porcentajes altísimos fuera de la relación de pareja, pero sólo es un primer indicador. Creo que es algo que ha quedado pendiente y me preocupa muchísimo. Es uno de los aspectos en los que me parece imprescindible trabajar, sobre todo empezando por visibilizarlo», señala.
«ES UNA POLÍTICA DE ESTADO»
Precisamente, sobre visibilizar, considera un logro haber puesto sobre la mesa la situación de las menores de edad ante la violencia de género y de las mujeres con discapacidad porque dice que «estando en el Gobierno no es nada fácil sacar a la luz un problema». «Es otro de los activos de la Legislatura, elaborar estudios y ser completamente transparentes en los datos y en los estudios, porque sabemos más y llegamos a más gente», ha añadido.
Con todo, para Hernández el gran avance de la Legislatura es el intangible. «Creo que se ha puesto de manifiesto que estamos ante una política de Estado. Esté quien esté, gobierne quien gobierne, es evidente que esto hay que hacerlo desde la vocación de unión y diálogo permanente. Es también ya una política de la sociedad. Se ha incorporado mucha más parte de la sociedad de la que había hace cuatro años», asegura.
Sobre este asunto, plantea que quizá se deba a que «en circunstancias muy complejas hubo que diseñar estrategias nuevas y buscar a gente que quisiera colaborar» y eso, afirma, «ha creado un movimiento social». «Cada vez más gente que está en esto, que rechaza esto, que sabe más y que se compromete», afirma.