La Conferencia Episcopal Tarraconense (CET), que aglutina a todos los obispos catalanes, ha mostrado este jueves su total condena a cualquier abuso contra menores y se ha comprometido a «luchar contra esta plaga que destruye tantas infancias», tras la denuncia de presuntos abusos sexuales ocurridos en el colegio Maristas-Les Corts de Barcelona.
En un comunicado tras su reunión en Tiana (Barcelona), la primera a la que asiste el nuevo arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha remarcado que ofrece todo su apoyo, atención y compañía a las víctimas de abusos, «incluso en el caso de delitos que puedan estar prescritos penalmente».
Han afirmado que el papa Francisco, como sus predecesores, han mostrado su condena ante abusos a menores, y que los obispos catalanes se comprometen «a luchar contra esta plaga que destruye tantas infancias».
Ha sostenido que las normas de la Iglesia piden actuar con rapidez y decisión ante las denuncias, garantizar la transparencia y actuar con tolerancia cero, y entre las normas figura apartar de sus funciones a las personas acusadas y ofrecer toda la colaboración a la Justicia y autoridades civiles.
Ha recordado que la Pontificia Comisión para la Protección de Menores ha realizado una importante labor de promoción de los derechos de los niños y de prevención de abusos, que también es el «compromiso» de la CET.
Ha remarcado que los Maristas y otras instituciones realizan una labor social y educativa y «siempre se han dedicado a la atención y a la promoción de los niños», de la que se han beneficiado las diócesis catalanas.
«El trabajo de las comunidades educativas, de los maestros y educadores y de los padres y madres que confían en estas escuelas, no puede quedar cuestionado por estos casos que todos deploramos y condenamos», ha afirmado la Conferencia.
«REGENERACIÓN» DE LA SOCIEDAD
De la misma manera, ha remarcado, la red de instituciones educativas que la Iglesia pone al servicio de las familias «no puede ser sometida a una permanente sospecha».
Ha afirmado que la prevención de los abusos a los menores es una cuestión muy grave que afecta al ámbito escolar y otras instituciones educativas, de ocio y familiar, y que todas las administraciones tienen que comprometerse en una acción efectiva que comporte «una gran regeneración ética y moral de la sociedad».