La Guardia Civil de Albacete ha tenido a seis ciudadanos rumanos como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores, por traer a compatriotas con la falsa promesa de facilitarles trabajo como temporeros.
En nota de prensa, la Delegación del Gobierno ha explicado que a mediados de junio comparecía en la Comisaría de Albacete un ciudadano rumano denunciando que, en su país, donde vivía en una situación de precariedad, fue captado, junto a otros once compatriotas, para desplazarse hasta la provincia de Albacete con la promesa de facilitarles trabajo como temporeros en actividades de recolección agrícola hasta el 15 de octubre.
Para ello, dispondrían de una vivienda adecuada y digna, percibirían cinco euros por hora por su trabajo en la recogida y corte de ajos, siendo gratuito el transporte desde el alojamiento hasta su trabajo.
A su llegada a Albacete, donde llegaron a finales del mes de mayo en autobús de línea regular, el grupo de rumanos fue trasladado hasta el Albergue municipal. Permanecieron tres días. Después fueron ubicados en una parcela propiedad de otro compatriota, situada a las afueras de Albacete, y compartida con otras 40 personas que se repartían en seis habitaciones, alojándose los recién llegados en una sola habitación con cuatro camas.
Según la Delegación, el inmueble de servicios y estas personas tenían que hacer sus necesidades en el campo, cocinaban a la intemperie con una botella de butano y el aseo tenían que realizarlo mediante garrafas de agua que recogían de un pequeño depósito instalado en la parcela, debiendo pagar por estas lamentables condiciones la cantidad de 100 euros mensuales.
El primer día de trabajo, el máximo responsable de la captación de las víctimas entregó a cada una de ellas la fotocopia de una carta de identidad de otro compatriota con la que deberían identificarse ante la Policía si ésta acudía al campo donde trabajaban.
Además estos inmigrantes comprobaron que las condiciones de trabajo pactadas en nada coincidían con las reales: la jornada laboral era de casi doce horas diarias, no llegarían a firmar contrato de trabajo alguno ni ser dado de alta en la Seguridad Social, sin que, finalmente, llegaran a percibir el salario correspondiente a los tres días trabajados.
Al encontrarse enfermo el denunciante y no poder soportar las circunstancias de su explotación, dada su edad, decidió marcharse del asentamiento, no seguir trabajando y tratar de regresar a su país, pese a no disponer de dinero para comprar el billete del autobús, asunto que resolvió con la colaboración del Ayuntamiento de Albacete.
DESCUBRIMIENTO DE LA PARCELA
Iniciada la investigación policial para el esclarecimiento de los hechos, fue localizada la parcela semiabandonada donde eran alojados las víctimas, poniéndose en marcha un dispositivo policial para detectar la finca agrícola donde pudieran ser llevados a trabajar.
El seguimiento de varias furgonetas permitió localizar dos fincas en las que se trabajaban en el corte de ajos, procediéndose, en colaboración con funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la identificación de unos 80 trabajadores de diversas nacionalidades aunque mayoritariamente rumanos, procediendo en ese acto a la detención de cinco ciudadanos rumanos como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores al identificarse con la documentación de otros compatriotas que había sido facilitada por el responsable de la cuadrilla que fue igualmente detenido.
Del grupo de doce personas víctimas de trata, ninguna de ellas llegó a obtener el certificado de NIE, trámite que se requiere para ser dados de alta como trabajadores en la Seguridad Social, lo que unido al hecho de facilitarles desde el primer momento la documentación de otra persona, ponía de manifiesto la intención de sus captores de no darles de alta, en ningún momento, en la Seguridad Social.
La investigación culminó con la detención del máximo responsable de los hechos investigados, un ciudadano rumano que ya venía siendo objeto de investigación por hechos similares, procediéndose a su puesta a disposición judicial, e ingresando después en prisión.