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viernes, 29 marzo 2024
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España suma un nuevo arbitraje internacional contra los recortes a las renovables

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España ha sumado una nueva demanda ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, en contra de los recortes aplicados a las energías renovables, con la que ya suma 27.

En concreto, las sociedades Cordoba Beheer, Cross Retail, Sevilla Beheer y Spanish Project Companies registraron el pasado 12 de agosto la última de las denuncias contra España por los recortes retributivos a las tecnologías ‘verdes’, según los registros del tribunal consultados por Europa Press.

Este procedimiento se inicia tras los presentados a finales de junio por una firma israelí y otra británica. La primera, conocida como Sun Flower, registró su denuncia el 28 de junio, mientras que la segunda, Infracapital, lo hizo un día después. La primera cuenta con tres plantas fotovoltaicas en España, que suman 13 megavatios (MW) de potencia, y la segunda con cuatro.

España ratifica así la primera posición en la clasificación internacional de países que más demandas de arbitraje acumulan en su contra por su política energética, a gran distancia del segundo, la República Checa, que suma siete procesos, y de Rusia y Turquía, que se enfrentan a seis cada uno.

De igual forma, España acumula casi una tercera parte de todos los procesos promovidos por inversores en instalaciones de energía ‘verde’ ante el organismo de arbitraje internacional, según datos de Energy Charter Treaty, que recoge Europa Press.

En el caso español, las denuncias se centran tanto en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno aplicó a finales de 2010 como los acometidos por el actual Ejecutivo en funciones durante la legislatura concluida a finales de 2015.

Por el momento, solo ha quedado resuelto uno de estos procesos internacionales, presentado por la firma Charanne and Construction Investment ante la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC). En este caso, en el que se abordó el recorte de 2010, los jueces dieron la razón a España.

DENUNCIAS.

Entre las compañías y fondos internacionales que han llevado a España ante el Ciadi figura Eurus Energy Holdings Corporation, una sociedad participada en un 60% por el conglomerado empresarial japonés Toyota que cuenta con 552 MW de renovables en España.

En noviembre del año pasado se cursó la demanda de un grupo de bancos alemanes entre los que figuran Landesbank Baden-Württemberg, HSN Nordbank AG, Landesbank Hessen-Thüringen Gironzentrale y Norddeutsche Landesbank-Gironzentrale.

Anteriormente, se tramitaron las denuncias presentadas por Watkins Holdings, junto a otras sociedades como Repier, Northsea Spain, Parque Eólico Marmellar y Parque Eólico La Boga, y por las sociedades Hydroxana Sweden e Hydro Energy 1, SolEs Badajoz GmbH y los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav, que tiene licencia de Malta, y Schwab Holdings, radicado en Estados Unidos.

También han presentado denuncias la alemana E.ON, la firma portuguesa Cavalum y los japoneses de JGC Corporation, registraron su denuncia ante el organismo, así como las firmas alemanas KS Invest y TLS Invest, además de un grupo de inversores alemanes formado por Matthias Kruck, Ralf Hofmann, Frank Schumm, Joachim Kruck, Peter Flachsmann, Rolf Schumm, Karsten Reiss y Jürgen Reiss.

Estos arbitrajes de origen alemán se suman a los iniciados anteriormente por inversores procedentes del mismo país. Entre ellos también figuran Steag, BayWa, RREEF y un consorcio de ocho empresas en el que participa RWE.

MASDAR, NATIXIS Y NEXTERA.

El Ciadi también registró la denuncia del fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, y de la firma norteamericana 9REN, según consta en los registros del organismo internacional.

Además, el organismo había iniciado la tramitación de las demandas de Infrared, Masdar, Eiser y Antin, que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de Renergy y Nextera.

A estos demandantes se suma el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana y que cuenta con el asesoramiento de los despachos Cases & Lacambra y González-Bueno & Asociados.

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