La Comisión Europea ha enviado este jueves un ultimátum a España para que cumpla en el plazo máximo de dos meses con la transposición completa de las nuevas normas en materia de contratación pública y concesiones, cuyo plazo para ser trasladadas a la legislación nacional expiró el pasado abril.
La advertencia tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, y da dos meses al Gobierno para responder a las exigencias de Bruselas.
Si el Ejecutivo comunitario no da por buena la respuesta de España en ese plazo, seguirá adelante con el expediente y podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Además de a España, Bruselas ha enviado el mismo aviso a otros catorce Estados miembros: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal y Suecia.
Las nuevas normas hacen «más eficiente y transparente» la contratación pública en los países de la Unión Europea, según ha explicado el Ejecutivo comunitario, que destaca la puesta en marcha de reglas «más inteligentes y más procedimientos electrónicos».
Además, hacen que sea «más barato y más fácil» para las pymes participar en concursos públicos, mejoran la transparencia y la competencia y contribuyen a la consecución de objetivos políticos más amplios, tales como objetivos medioambientales y sociales relacionados con la innovación.