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jueves, 28 marzo 2024
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Unidos Podemos pide mañana en el Congreso recuperar la indemnización concedida a Escal Ugs por el proyecto Castor

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Unidos Podemos quiere que se exija al Gobierno impulsar las acciones legales necesarias para recuperar la indemnización concedida a Escal Ugs S.L. tras la extinción de la concesión para el proyecto Castor. La formación morada entiende que la empresa incurrió en dolo o negligencia imputable y que por tanto «la compensación debería limitarse al valor residual de las instalaciones».

Así lo recoge en una proposición no de ley, que se debatirá el martes en la Comisión de Energía, Industria y Agenda Digital del Congreso, en la que, además, también pide iniciar acciones legales para establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de Escal Ugs por «los más de 1.000 movimientos sísmicos consecuencia» de la puesta en funcionamiento del almacén de gas.

Además, llama al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias para impedir que, en el futuro, sean las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o servicio.

UN CALENDARIO PARA SU DESMANTELAMIENTO

La pasada semana el ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, reconocía que el proyecto Castor nunca debió existir» y que «lo ideal» es desmantelarlo con cuidado. En este sentido, el texto llama a establecer una calendarización para el desmantelamiento de las instalaciones de Castor, tanto las terrestres como las marinas.

Unidos Podemos plantea que, con la participación de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos de las localidades afectadas, se busquen soluciones «responsables, transparentes y no onerosas para las arcas públicas».

Así, llaman al Gobierno a elaborar estudios técnicos sobre la afectación que la hibernación del proyecto puede tener sobre el medio ambiente y otras instalaciones de riesgo presentes en la zona; realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales, y si cabe morales, que han sufridos las poblaciones cercanas a las costas de Castellón y Tarragona, como consecuencia de los terremotos y, de este modo, realizar las reclamaciones que correspondan.

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