Save The Children ha solicitado al Defensor del Pueblo que investigue el sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados en España tras las muertes de dos jóvenes que estaban bajo tutela de las administraciones públicas en Melilla.
Conforme recuerda la organización, la institución que dirige Francisco Marugán ha iniciado ya una investigación de oficio por la muerte de Sufián, de 17 años, que fue encontrado sin vida el 4 de enero en su cama del centro de menores Gota de Leche.
También abrió una actuación por la muerte dos semanas antes de otro chico marroquí ingresado en el centro para menores con medidas judiciales El Baluarte.
«Más allá de los hechos a los que hacemos referencia, el modelo de protección de los menores extranjeros no acompañados es manifiestamente insuficiente y ha ocasionado otras muchas situaciones de vulneración de los derechos de estos niños y niñas», denuncia la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Ana Sastre.
Save the Children considera que la muerte de estos dos migrantes es «una muestra más de las deficiencias del sistema de acogida de menores no acompañados español, que ha sido ya objeto de numerosas recomendaciones por parte del Defensor del Pueblo, alcanzando incluso el proceso de consultas al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y varios pronunciamientos al respecto».
La ONG considera además que la gravedad de las vulneraciones de derechos denunciadas en numerosas ocasiones por los propios menores, organizaciones sociales e incluso instituciones académicas, requiere de un estudio más amplio en todo el territorio nacional que permita alcanzar conclusiones generales.
Según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, en 2016 estaban protegidos por las diferentes autonomías 3.997 menores extranjeros no acompañados, de los cuales 1.072 se encontraban en Andalucía, 999 en Melilla y 246 en Ceuta, lo que supone más del 50% del total. «Los recursos de acogida de estos enclaves se encuentran sobreocupados e incluso hay menores durmiendo en la calle, fuera del sistema de protección», denuncia la ONG.
Señala que en el caso de las ciudades autónomas, las oportunidades de inclusión son limitadas en territorios tan reducidos, por lo que hay niños que prefieren pasar como adultos para así llegar a la península y continuar su proceso migratorio. Por eso, Save the Children pide además a las administraciones implicadas una clara voluntad política para garantizar una inclusión efectiva a estos niños y niñas que llegan a España y su reubicación a otras comunidades.