La Unión Europea ha aprobado formalmente los nuevos objetivos nacionales de reducción de emisiones derivadas de la edificación, el transporte, la agricultura y los residuos, que no están cubiertas por el sistema europeo de comercio de emisiones y que deben recortarse un 30% en 2030 en todo el bloque comunitario.
Los Veintiocho han dado este lunes su visto bueno después de que la Eurocámara respaldara las nuevas metas individuales a mediados de abril. El reglamento será publicado en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor veinte días después.
Así, España deberá reducir un 26% las emisiones de estos sectores. Luxemburgo y Suecia so los únicos países a los que se les ha exigido reducir un 40% sus emisiones, seguidos de Dinamarca y Finlandia (39%), Alemania (38%), Francia y Reino Unido (37%), Países Bajos y Austria (36%), Bélgica (35%), Italia (33%) e Irlanda (30%).
Estos esfuerzos forman parte del conjunto de medidas de la UE destinadas a cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, en el que los Veintiocho prometieron reducir en un 40% sus emisiones contaminantes totales con respecto a los niveles de 1990.
Los gobiernos de la UE también ha aprobado la nueva normativa centrada en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de suelos y bosques, así como en aumentar el volumen de dióxido de carbono (CO2) absorbido por la masa forestal para hacer frente al cambio climático.
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
De la misma forma, los Veintiocho han aprobado una nueva legislación sobre eficiencia energética en edificios que obliga a los socios comunitarios a desarrollar estrategias nacionales a largo plazo para la renovación de edificios tanto públicos como privados. El objetivo de esta nueva normativa es conseguir una reducción de entre un 80% y un 85% de las emisiones contaminantes registradas en 1990.
Además, la directiva incluye normas para fomentar la movilidad eléctrica en edificios nuevos y objeto de renovación, como la ubicación de al menos un punto de recarga en inmuebles con más de diez plazas de aparcamiento y la instalación de cableado para la recarga.
Estas normas también prevén la creación de una herramienta para medir la capacidad de los edificios para mejorar su funcionamiento y su interacción con el sistema en función de las necesidades de los ocupantes. La Comisión Europea deberá desarrollar antes de que acabe 2019 esta herramienta, denominada «indicador de inteligencia».