El sindicato de profesores ANPE ha reclamado al Gobierno «un acuerdo de mínimos» y la «implicación y participación» del profesorado antes de modificar la vigente Ley Orgánica por la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 con la mayoría del Partido Popular, como pretende el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez.
«Se inicia un curso que corresponde gestionar a un nuevo Gobierno que se enfrenta a la compleja situación derivada de la difícil aritmética parlamentaria, lo que dificulta la posibilidad de alcanzar acuerdos para impulsar cualquier reforma», expone el sindicato en un comunicado un día después de que la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, explicara en el Congreso algunas de las reformas educativas que se pondrán en marcha este curso.
Entre ellas, la modificación del artículo 109.2 de la LOMCE que permite que la «demanda social» determine la planificación escolar, algo que Celaá considera un «eufemismo» que permite que «la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada». La ministra también presentó el anteproyecto de ley que derogará las medidas que siguen vigentes del Real Decreto Ley 14/2012, de racionalización del gasto educativo.
En su comparecencia en el Congreso, Celaá apuntó que en la derogación de una de las medidas del Real Decreto Ley, como el aumento de la jornada lectiva de los docentes, tendrán la última palabra las comunidades autónomas, algo que critican desde ANPE.
«Se debería fijar, con norma de carácter estatal, al igual que ocurre con las ratios máximas de alumnos por aula, para evitar que se produzcan situaciones discriminatorias entre comunidades con diferentes cargas lectivas», explican desde el sindicato, que defiende la reducción del horario lectivo del profesorado «es una cuestión fundamental para mejorar la atención a los alumnos».