La ministra de Economía, Nadia Calviño, considera que lo ocurrido en las últimas semanas en la Comunidad de Madrid y en Cataluña con el conflicto entre el taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC) «pone de manifiesto el acierto del Gobierno al decidir que este es un tema que hay que dirimir en el ámbito autonómico y local».
«Las condiciones de movilidad sostenible no son las mismas en Madrid o en Barcelona, y son decisiones que hay que tomar atendiendo a las características de cada lugar», argumentó la ministra en declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Europa Press.
Así, Calviño considera que «lo visto estas semanas, en un terreno tremendamente sensible y en el que hay muchos intereses, pone de manifiesto el acierto del Gobierno al decidir que este tema se tiene que decidir en el ámbito autonómico y local».
La ministra se refirió de esta forma a la decisión del Govern de Cataluña de regular los VTC y obligarles a contratar sus servicios con una antelación mínima de quince minutos, y a la de la Comunidad de Madrid de no aceptar abordar medidas de este tipo a pesar del paro indefinido que secundó el taxi dos semanas.
La titular de Economía declinó pronunciarse sobre estas decisiones al considerar «muy delicado juzgar la actuación de una autoridad autonómica».
Por contra, rechazó que el Ejecutivo central se quitara de encima el problema. «El problema estaba ahí desde hacía tiempo y lo que hicimos fue inmediatamente adoptar el Decreto para habilitar a las comunidades y las entidades locales para resolverlo», indicó respecto al Decreto Ley aprobado en septiembre de 2018.
«Y la razón es la que he señalado, es en sede autonómica y local en la que hay que tomar las decisiones, porque el equilibrio entre las dos partes puede ser muy distinto en una ciudad como Madrid que en una ciudad como Barcelona», insistió.
Para la ministra de Economía, el conflicto abierto entre los taxis y las empresas que dan servicio a plataformas como Uber y Cabify es un «tema muy complejo» en el que hay que lograr un «delicado equilibrio», en el «interés de todos los ciudadanos y consumidores», garantizando que «funcione bien el mercado» y la movilidad.