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viernes, 29 marzo 2024
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La Iglesia de Madrid denuncia ante el Defensor desatención de decenas de refugiados dejados «literalmente en la calle»

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Pide a Fernández-Marurgán que intervenga de urgencia para que Gobierno, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento coordinen un dispositivo de atención.

La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia Católica de Madrid ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández-Marugán, en la que denuncia que varias decenas de personas que reclaman protección internacional, entre otras situaciones, y muchas de ellas en situación vulnerable, se han quedado «literalmente en la calle» ante la ausencia de una respuesta efectiva de las administraciones públicas.

«En los últimos días, en ausencia de respuesta efectiva del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad, Social, la Comunidad de Madrid y ante la saturación del Samur Social del Ayuntamiento, varias decenas de personas, de ellas varias familias con niños, en algún caso con discapacidad severa y mujeres embarazadas o con recién nacidos, se han visto literalmente en la calle, teniendo que haber sido alojadas de Emergencia en Centros Pastorales y Parroquiales de la Achidiócesis de Madrid», afirma en la queja presentada ante la Institución este mismo martes 11 de junio.

Por ello, le insta a una «urgente intervención» ante el «evidente» mal funcionamiento de las administraciones públicas y en particular una ausencia de un dispositivo público con el volumen suficiente como para atender las situaciones de precariedad que padecen personas que solicitan protección internacional en Madrid.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se denuncia que, a pesar de que era previsible y se ha venido reiterando desde múltiple instancias, las administraciones públicas siguen dando muestras de «improvisación y absoluta descoordinación» a la hora de afrontar el «desafío estructural» de los flujos de personas desplazadas forzosamente y que «llegan a Madrid sin contar con un lugar en el que ser dignamente atendidas».

Por ello, reclama a la Institución que inste a las autoridades a dar una respuesta programada, dotada de una intervención integral y con los recursos materiales y medios humanos idóneos. Asimismo, le pide que trate de sentar a las tres administraciones para que encaren un problema que requiere del concurso del Estado, las Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. «O las tres reman en la misma dirección, con la colaboración del Tercer Sector o el problema se agravará con consecuencias fatales», avisan.

Además, puntualiza que las víctimas de «esta negligencia institucional» de las administraciones públicas no pueden esperar a la formación de los equipos de gobierno en las respectivas administraciones, por lo que reclaman al Defensor del Pueblo que se dirija urgentemente tanto a quienes se encuentran en funciones, como a los titulares en su momento a fin de dar una respuesta programada, integral y coordinada de todas las administraciones con independencia de su signo político. «Lo que importa son las personas vulnerables y el principio de humanidad que se encuentra seriamente comprometido con tanto ayuno de negligencia», avisan.

A juicio de la Iglesia de Madrid, una ciudad como la capital de España, con comunicaciones internacionales de primer nivel mundial y polo de atracción para desplazados o personas en tránsito, debería contar con un dispositivo en condiciones por parte del Gobierno de España, capaz de atender con calidad y calidez los flujos de personas que se producen en determinados momentos en demanda de protección internacional y humanitaria.

En todo caso, aseguran que, aunque se ha producido un incremento de entradas, el número de personas es «manejable» si se pone cierta voluntad política, humanitarismo y valores, y «no se deja en el trastero la cultura de los derechos humanos y del humanismo cristiano».

También apunta que son precisamente la Iglesia de Madrid, junto con otras entidades y tejido social ciudadano, los que están acogiendo solidariamente a decenas de personas que «deberían contar con un recurso idóneo facilitado por la administración».

«En nuestro caso, hemos habilitado dependencias de varias parroquias para no dejar tiradas en la calle a familias con niños. Esta situación constituye una auténtica vergüenza para un país avanzado como es España, para una Comunidad como la de Madrid y para un municipio que es la capital del Estado. Más aún cuando era previsible y evitable», recalcan.

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